EL DERECHO A LA VIVIENDA. A.I. HUELVA

La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo

25.1 el «derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios

sociales necesarios.

El artículo 47 de la Constitución protege el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada»,

y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho.

Amnistía Internacional ha publicado varios informes, el último tras la Dana en Valencia, que documentan la violación del derecho a la vivienda por parte de las autoridades españolas.

LOS DATOS HABLAN

Asequibilidad.- Desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido de media un 86,4%. El 37% de la

Población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40% de

sus ingresos.

Desalojos.- A pesar de que desde la pandemia se han paralizado algunos de los desalojos

gracias al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad

(prorrogado hasta finales de 2024), de enero a septiembre de 2024 se produjeron más de 20.000

desalojos, 15.301 de ellos por impago de alquiler.

Situaciones de especial vulnerabilidad.- El 27,8% de la población española está en riesgo de

pobreza o exclusión social. Este dato sube hasta el 54,3% en el caso de los hogares monoparentales,

más del 80% de ellos encabezados por mujeres

Jóvenes y vivienda.- Una de cada tres personas jóvenes está expuesta a pobreza y exclusión.

Solo el 14,8% de jóvenes se emancipa.

Mujer y vivienda.- El riesgo de pobreza o exclusión social es un 6% mayor en mujeres que

hombres, que además cuentan con peores condiciones laborales (mayor tasa de paro, 23% menos

de salario que los hombres, mayor temporalidad y más jornadas parciales). Además, son quienes

lideran mayoritariamente los hogares monoparentales (81%).