SE PONEN EN RIESGO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Las elecciones andaluzas se celebran este domingo 17 de mayo y la llamada “prioridad nacional” se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político. Vox presiona al Partido Popular para que acepte en Andalucía una fórmula similar a la ya pactada en comunidades como Extremadura y Aragón. La “prioridad nacional” es un concepto político promovido por Vox que plantea dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a las personas extranjeras en el acceso a ayudas públicas, como vivienda social, ayudas al alquiler, plazas en guarderías o prestaciones sociales autonómicas.
Exigimos a los partidos políticos que se comprometan en defender los derechos humanos
Según Amnistía Internacional, utilizar la nacionalidad como criterio de exclusión en el acceso a derechos sociales no solo podría ser inconstitucional, sino que también pondría en riesgo la cohesión social en los barrios andaluces. La organización sostiene que Andalucía no puede convertirse en la siguiente ficha del dominó de las políticas de exclusión: los derechos humanos no tienen nacionalidad y no deben usarse como moneda de cambio en futuras negociaciones de investidura.
Acabemos con los discursos de odio
En materia de vivienda y servicios sociales, la aplicación de esta medida dejaría en situación de especial vulnerabilidad a miles de familias extranjeras que viven, trabajan y contribuyen con sus impuestos a la economía andaluza. Además, según Amnistía Internacional, lejos de resolver la falta de recursos públicos, este tipo de discursos puede generar estigmatización y fracturar la convivencia, especialmente en municipios agrícolas y zonas urbanas con alta diversidad.
Por ello, Amnistía Internacional exige al actual presidente y candidato del PP, así como al resto de fuerzas constitucionales, un compromiso claro para blindar las políticas de igualdad y rechazar cualquier fórmula de “apartheid burocrático”.
La organización recuerda también que el Estatuto de Autonomía para Andalucía define la comunidad como una tierra de acogida y solidaridad, principios incompatibles con cláusulas de exclusión basadas en la nacionalidad.
Todas las personas deben disfrutar de una vivienda digna, con especial incidencia en las jóvenes, para alcanzar una vida autónoma.
Desde el punto de vista jurídico, Amnistía Internacional y varios juristas sostienen que la “prioridad nacional” sería contraria tanto a la Constitución española como al derecho europeo. La Ley de Extranjería reconoce a las personas extranjeras residentes legales el acceso a la asistencia social en condiciones de igualdad con los ciudadanos españoles. Además, una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-747/22, ha reforzado la idea de que los criterios aparentemente neutrales, como los años mínimos de residencia, pueden constituir discriminación indirecta si perjudican de forma desproporcionada a las personas no nacionales.
Este precedente debilita jurídicamente las propuestas de “prioridad nacional” impulsadas por Vox y asumidas en algunos acuerdos autonómicos, ya que confirma que la exclusión de ciudadanos extranjeros de servicios o derechos sociales puede vulnerar el principio de igualdad y no discriminación.
Por Benedetta Amenta, activista de Amnistía Internacional Andalucía.
