OCHO RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
España sigue lejos de Europa. Amnistía Internacional en La Linea de la Concepción y en Málaga se movilizan reclamando medidas urgentes en nuestra tierra.
En el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda la organización presenta un programa de ocho medidas urgentes y estructurales sobre derecho a la vivienda
Vivienda: España sigue muy lejos de Europa, Amnistía Internacional reclama regular el alquiler y ampliar la vivienda social
Amnistía Internacional ha lanzado en la puerta del Congreso la campaña “Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna”, en el marco de la visita de Bad Bunny a España, para presentar su nuevo documento de valoración de las medidas políticas propuestas en materia de vivienda, precisamente, cuando se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley de vivienda.
Amnistía Internacional llama, en cumplimiento con las obligaciones jurídicas internacionales, a aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables.
En España existe una crisis estructural del derecho a la vivienda que afecta a millones de personas basada en varios factores:
- Escasez del parque social de alquiler: un 1,71% frente a la media del 9% de la UE. Incluso considerando el parque de alquiler asequible en sentido amplio, la cifra solo alcanza el 3,5%.
- Insuficiente inversión pública: representa el 0,5% del PIB frente al 1,2% de la media de la UE.
- Crisis de desalojos: 600.000 de 2013 a 2025 (CGPJ) y más de un millón desde 2008 (PAH).
- Crisis de asequibilidad de los precios: duplicándose en 10 años sin igual crecimiento salarial. Se han disparado los alquileres de temporada (un 232% entre 2019 y 2024, suponiendo el 13% de la oferta total) y turísticos (suponiendo el 10%) y existe un gran retraso emancipatorio, superior a los 30 años frente a los 26 de la UE.
- Desprotección de los derechos de las personas inquilinas: las personas con contratos de habitación están entre las más desprotegidas al quedar excluidas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este tipo de contrato aumentó un 22% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período anterior.
- Discriminación residencial: el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica subraya que la situación en la que más personas sienten discriminación es en el ámbito de la vivienda (un 27,5%).
- Déficit en la protección jurídica de la vivienda como derecho humano: España ha priorizado la vivienda como un activo financiero en detrimento de su condición de derecho humano. La mayoría de administraciones no han implementado las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por España y, aunque la Ley de Vivienda de 2023 fue un primer paso importante, el desarrollo legislativo posterior ha resultado insuficiente.
Estos datos ponen de manifiesto una vulneración del derecho a la vivienda en España. Amnistía Internacional recuerda que los Estados tienen la obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizarlo, asegurar la asequibilidad, garantizar la seguridad de las personas inquilinas y protegerlas frente a desalojos, evitando situaciones de sinhogarismo. Y estas obligaciones incumben a todas las administraciones públicas con competencias. La situación de especial desprotección es de tal gravedad que exige la adopción de medidas legislativas y de políticas públicas ambiciosas y urgentes.
Algunos avances, preocupantes retrocesos
Son preocupantes las recientes votaciones en el Congreso que no han convalidado ni la moratoria de desahucios, que pone en riesgo a aproximadamente 70.000 familias vulnerables según la Coalición NiUnDesahucioMás, ni la prórroga de los contratos de alquiler, ni las limitaciones a las subidas de rentas interanuales.
Amnistía Internacional también muestra preocupación por la posible aprobación de las Proposiciones de Ley relativas a vivienda y suelo y a ocupación del Partido Popular, que pretenden reducir los plazos de suspensión de los desalojos, derogar la declaración de zonas tensionadas y los límites a los precios de alquiler, eliminar las prórrogas extraordinarias de los contratos, ejecutar desalojos sin garantías de protección de derechos humanos en 24 horas aún en los casos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad y la prohibición o baja del padrón municipal a las personas que ocupen ilegalmente.
Medidas urgentes
La escasez de vivienda social obliga a los gobiernos a depender únicamente del mercado privado. Los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han enfatizado la importancia de contar con un parque que asegure el acceso a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables. Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) ha subrayado la necesidad de aumentar la oferta de vivienda social para la población con ingresos bajos y medios.
Asimismo, Amnistía Internacional recuerda que garantizar la asequibilidad de la vivienda no es una opción política, es una obligación jurídica de los Estados. El Comité DESC ha definido la asequibilidad como la condición en la que “los gastos asociados a la vivienda se sitúen en un nivel tal que la satisfacción de otras necesidades básicas no se vea amenazada”. Sin embargo, España presenta una de las tasas más elevadas de riesgo de pobreza relacionada con la vivienda en la eurozona.
En efecto, España ha recibido recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos orientadas a la regulación de los precios de alquiler desde hace años. Sin ir más lejos, en 2020, el Relator Especial ONU sobre pobreza extrema recomendó “introducir sistemas para controlar los alquileres en las principales ciudades” y adoptar medidas para desalentar la “manipulación de los mercados de la vivienda” por los fondos de inversión.
El Estado debe asegurar que ninguna persona quedará sin hogar involuntariamente demostrando que “ha realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de sus recursos disponibles, para que las personas desalojadas tengan una vivienda alternativa”.
Las ocho recomendaciones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional presenta un programa de ocho recomendaciones a todas las administraciones y autoridades para contribuir, con medidas urgentes y estructurales, a superar la crisis de vivienda en España:
- Firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible.
- Aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.
- Inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y tramitar de forma ágil la Propuesta de Ley para la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, paralizada en el Congreso, para endurecer las condiciones de los mismos.
- Aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler en caso de que el Gobierno lo relance.
- Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, a personas en procesos de desalojo para impedirlos.
- Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.
- Aplicar fórmulas más ágiles que nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.
- Al poder judicial: Asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.
