El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, la Declaración Internacional de los Derechos del Niño así lo establece y nuestra legislación establece la educación obligatoria hasta los 16 años. Sin embargo, en Melilla, según denuncia Prodein, cerca de 400 menores nacidos en España pero de padres no regularizados no pueden matricularse en los colegios públicos de la ciudad.