Contra el apartheid israelí al pueblo palestino

Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos y Amnistía Internacional queremos llamar la atención sobre la permisibilidad que rodea al apartheid israelí y la desigual implicación que están teniendo las instituciones españolas y europeas en su denuncia, respecto a otras situaciones de vulneración de los DDHH que suceden actualmente en el mundo.

Las constantes referencias a la legalidad internacional que el caso de la invasión de Ucrania ha suscitado en el Gobierno de España, contrasta con el silencio cómplice que ha amparado y siguen amparando las flagrantes violaciones del derecho internacional, que van más allá del sistema de apartheid, de Israel en Palestina.

Conviene aclarar que, según la Convención de Ginebra, las acciones de una potencia ocupante cuyo objetivo sea trasformar la demografía del territorio ocupado en detrimento de la población de ese territorio «pueden ser consideradas crímenes de guerra». La existencia de un sistema de apartheid israelí dirigido a vulnerar los derechos de la ciudadanía palestina residente en los Territorios Palestinos Ocupados, en el propio Israel o en el exilio, es algo constatado y denunciado por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967 – inicialmente Michael Link y con posterioridad Francesca Albanese- y las organizaciones: B’Tselem, de Israel, Human Rights Watch, de EEUU, y Amnistía Internacional.

Dice B’Tselem, que: «En toda la región entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo: el judío, sobre otro: el palestino.»

Y Amnistía Internacional, afirma que: «Este sistema, que actúa con niveles variados de intensidad y represión en función de la condición jurídica de la población palestina en los enclaves separados en los que vive actualmente, y que viola sus derechos de diferentes modos, busca, en última instancia, establecer y mantener la supremacía judía dondequiera que Israel ejerce control efectivo.»

Human Rights Watch, por su parte, atribuye a Israel el crimen de lesa humanidad de persecución, tal como lo define el Estatuto de Roma, por la privación grave de derechos fundamentales a un grupo racial, étnico o de otro tipo con intención discriminatoria.

Michael Lynk, el Relator Especial de Naciones Unidas, observa que la población judía y palestina que reside en los Territorios Palestinos Ocupados vive “sometida a un régimen especial que hace distinciones en el reconocimiento de derechos y la concesión de beneficios basándose en la identidad nacional y étnica, y que garantiza la supremacía de un grupo poblacional en detrimento de otro”, describe cómo este sistema “otorga sustanciales beneficios y privilegios a un grupo racial-nacional-étnico mientras que obliga a otro grupo a vivir encerrado entre muros y puestos de control y sometido a un régimen militar permanente”, y concluye que este sistema “se ajusta a la norma probatoria vigente sobre la existencia de apartheid”

Por último, La Relatora Especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, concluye su informe con unas recomendaciones para que todos los Estados condenen las violaciones deliberadas del derecho de libre determinación de Palestina por Israel, inclusive mediante prácticas coloniales. Lo que requiere:

i) Que los Estados exijan el fin inmediato de la ocupación ilegal israelí y la devolución a los palestinos de todas las tierras y los recursos de los que se les ha desplazado y desposeído, sin que esta retirada esté sujeta a negociaciones entre Israel y Palestina;

ii) Y que los Estados estén dispuestos a recurrir a las medidas diplomáticas, económicas y políticas que permite la Carta de las Naciones Unidas en caso de incumplimiento por Israel.

Esto no hace más que corroborar lo que llevamos tiempo diciendo: que consideramos fundamental que el Gobierno y el Parlamento Español se pronuncien en este sentido, cumpliendo con su responsabilidad y ayudando a resolver tan injusta situación.

Además, aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento al próximo Parlamento de Cantabria y a las nuevas Corporaciones Municipales, para que, sin mayor dilación, suscriban declaraciones de condena tal y como propone la Relatora Especial de Naciones Unidas.

Entre 1948 y 1994 se padeció el sistema de apartheid en Sudáfrica y no terminó hasta que la comunidad internacional tuvo el empeño suficiente.

En 1948 también comenzó el apartheid israelí, pero hasta la fecha no ha cesado. Confiamos, que con la determinación de la sociedad civil la comunidad internacional deje de ser cómplice y sea parte de la solución en un futuro inmediato.