Belén pasea cerca del estadio Vicente Calderón.
Está distraída mirando el móvil.
Pero en un momento nota que dos policías corren hacia ella.
Le gritan que se detenga.
La abordan.
Le exigen la documentación.
El bolso.
Éste tiene impresas las siglas A.C.A.B, y la foto de la cabeza de un gato rodeada por el siguiente texto en inglés “all cats are beautiful” (“todos los gatos son bellos”). Denuncia. Infracción del art. 37.4 de la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana (conocida por la ciudadanía como Ley Mordaza) al llevar un bolso con las siglas A.C.A.B. El policía señala en la propia denuncia que equivalen a “all cops are bastards” (“todos los policías son unos bastardos”) y sin ninguna alusión a la frase “all cats are beautiful”.
Belén les explica que eso no es cierto. Lo que tenga que alegar dígaselo al juez o a Delegación del Gobierno. ¿Cómo voy a demostrar que yo llevaba este bolso y no otro?
Cristina Fallarás, periodista. Cubre una concentración frente a la embajada de México en protesta por los asesinatos de periodistas en este país. “Un policía me pidió que me subiera a la acera, le dije que no había espacio y que no podía, pero él insistió de malos modos”. Multada. 601 euros. Desobediencia.
Ricardo Rosado, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Parla. Acumula en multas 3.000 euros por “desconsideración, falta de respeto e insultos a la policía”.
Belén, Cristina, Ricardo en Madrid son solamente algunos de los ejemplos de cómo estos dos años de la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana que Amnistía Internacional calcula podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión expresión e información.
En su análisis “España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira” sobre los dos años de vigencia de esta Ley la organización exige su modificación urgente porque amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información y se está utilizando contra el activismo social obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica.
La dificultad intrínseca del procedimiento administrativo sancionador, la presunción de veracidad de la que goza el agente policial en este tipo de procedimientos, los costes añadidos de la asistencia jurídica de letrado y procurador en el caso de recurrir la multa ante los tribunales, el pago de las tasas judiciales, unido con la pérdida de la rebaja en la cuantía de la sanción en caso de no pagarla durante el periodo voluntario, consiguen que al final se opte por pagar la multa.
Por otra parte muchas personas han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a reclamar derechos. “Las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multados” comenta Sara López, una de las personas que presta asesoría jurídica en LegalSol.
Esta ley ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado.
Belén, Cristina, y Ricardo fueron identificados por la policía. El 29 de Junio de 2017 también activistas de Amnistía Internacional, No Somos Delito, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) mientras justo ejercían un acto de protesta pacífico contra esta ley.
