Unidas por el derecho a la vivienda

Autora: Ana Pastor, activista del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional Madrid

“La vivienda no se ve como un derecho, sino como algo con lo que se comercia. No se trata de hogares, sino de productos, y la relación entre la vivienda y lo humano está desapareciendo”, comenzó diciendo Jaime López-Yarto, representante de Amnistía Internacional Madrid durante la charla ofrecida en Tetuán para sensibilizar sobre el derecho a la vivienda. Una charla que contó con las intervenciones de Fernando Bardera, del Sindicato de inquilinas de Madrid, e Isabel Tejero, de la plataforma Tetuán Resiste-Invisibles.  

El evento, dirigido a vecinas y vecinos de Tetuán que llenaron la sala, se estructuró de lo general a lo particular. Primero se presentaron los marcos legales internacionales y nacionales del derecho a la vivienda, para después hablar de la problemática de la vivienda en la Comunidad de Madrid y, finalmente, presentar la realidad del barrio de Tetuán. 

Jaime López-Yarto presentó el marco legal internacional y nacional de este derecho -un derecho humano básico- y explicó que esta es la base sobre la que actúa Amnistía Internacional. “El Pacto internacional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales entró en vigor en 1976 y España lo ratificó en 1977. Es un dato muy importante porque esta ratificación es anterior a la Constitución, que es del año 78. Luego la Constitución menciona este derecho y dice que son los poderes públicos los encargados de velar por él y de traducirlo a algo concreto”, explicó Jaime.

Sin embargo, en España hay escasa protección legal del derecho a la vivienda porque, como explicó el activista de AIM, “la gente no puede ir a los tribunales con la Constitución o leyes Ordinarias en la mano para defenderlo. Debe acudir a otras instancias, como por ejemplo la ONU”.

El derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid

Sin ir más lejos, en la Comunidad de Madrid no hay una ley de vivienda y por lo tanto los tribunales se rigen por la Ley de enjuiciamiento civil que, aunque ha introducido mejoras, sigue sin cumplir con el objetivo básico que demanda tanto Amnistía Internacional como las organizaciones presentes: que nadie sea desahuciado/a sin una alternativa habitacional. 

Por su parte, Fernando Bardera, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, realizó un retrato de la situación en la Comunidad de Madrid y en la capital, que empezó a empeorar a grandes pasos en 2013 tras la modificación de la Ley de arrendamientos urbanos. “Fue entonces cuando los fondos de inversión llegaron con la figura jurídica de las socimis: sociedades de inversión con una serie de privilegios y exenciones fiscales para hacer negocio sin riesgo. Compraron vivienda pública y privada muy por debajo del precio de mercado y se dedicaron a especular. ¿Cómo? Poniendo en alquiler solo una parte de ese parque de vivienda y reteniendo otra, dejándola vacía, porque ante una falta de oferta los precios suben, y una vez que están muy altos, pueden vender lo comprado y hacer negocio”, explicó. Por su parte, la Administración acortó los plazos de los contratos de alquiler de 5 a 3 años, “para que estas sociedades pudieran disponer de las viviendas con facilidad si así lo requerían”, añadió. 

Según el representante del Sindicato, esta situación ha generado mucha intranquilidad en el mercado del alquiler y los precios han subido a cantidades “ridículamente altas” hasta el punto de que “hay gente que entra en los rangos de riesgo de pobreza por un factor: la vivienda”, sentenció Fernando. “Lo curioso es que creemos que una regulación de los precios es inadmisible; pero es inadmisible cuando lo regula el Estado. Los precios ya están regulados. Lo están por los fondos de inversión, que están especulando y jugando. Ellos deciden el precio y el resto nos adaptamos».

El rostro del problema de la vivienda en Madrid

Por último, desde Tetuán Resiste, Isabel Tejero puso nombre y cara a la crisis de vivienda. “Hay mujeres como Angy, que después de un incendio en su vivienda en alquiler, con todo pagado a rajatabla, casi se queda sin sus 5 hijos porque al no tener un hogar, los servicios sociales casi se los quitan. Con mucho esfuerzo, ha conseguido volver a su casa con su familia», comentó Tejero. «También hay una chica que ha tenido que ocupar una vivienda después de vivir 15 días en la calle con sus dos hijos; o Aída, una madre con tres hijos, familia monoparental, que ocupaba un piso de la Sareb y a la que por fin le han dado un alquiler social. Este tipo de ocupación es la que no sale en prensa, siempre aparecen estereotipos negativos, pero la realidad es esta”, contó a los presentes. “Ha hecho falta mucha lucha para que esto se hiciera efectivo. Ha hecho falta mucha presión, mucha gente detenida. Ha costado una ley mordaza que nos afecta a todas y todos, pero, gracias a la presión, se han conseguido cosas”, explicó. 

La representante de la asociación local terminó su intervención pidiendo acciones concretas para que antes de que llegue la situación de desahucio, se resuelvan los problemas de raíz para que las familias puedan seguir su vida en su barrio. “Los problemas siempre empiezan por algo económico, así que ahí es donde hay que actuar”, finalizó. Después de la charla, Tetuán Resiste-Invisibles repartió ejemplares del libro Tetuán Resiste: la lucha por la vivienda de un colectivo de barrio, un libro surgido gracias al crowdfunding que busca recaudar la indemnización que tuvo que pagar la propia Isabel tras ser condenada por acudir a parar el desahucio de un vecino.

Esta charla es fruto de la exposición titulada VivienDa, que trata de reflejar y sensibilizar sobre este derecho y que se puede visitar actualmente hasta el 16 de febrero en la Universidad Complutense. Se trata de una exposición itinerante organizada por el equipo de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Amnistía Internacional Madrid, nacida de la primera edición del Concurso de Fotografía #DerechosEnElObjetivo.