Además de una vulneración directa de los derechos humanos, la pena de muerte se ha demostrado completamente ineficaz para mantener el orden o reducir los costes de los sistemas penitenciarios, tal y como defienden los partidarios de esta atrocidad. Este es un extracto de nuestra participación en el programa ‘Olvida tu equipaje’ de Radio Utopía
Para hablar de la pena de muerte, es esencial desmontar algunos de los mitos más extendidos acerca de esta práctica. Por ello, en primer lugar, contrario a lo que muchas opiniones defienden, se ha demostrado que la pena de muerte no es un mecanismo efectivo para mantener el orden. Por el contrario, es una técnica utilizada desde el enfoque del miedo y constituye una forma de violencia realizada a conciencia, siendo un acto premeditado. Otro de los mitos más repetidos es que las ejecuciones por pena de muerte reducirían los costes de los sistemas de condena de los países. No obstante, los activistas señalaron que este dato también es erróneo y que, en cualquier caso, los recursos han de invertirse en cuestiones como la educación o la reinserción de las personas que cometen delitos.
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La pena de muerte es un acto irreversible. Las garantías procesales nunca son absolutas, por lo que pueden producirse errores procesales que desemboquen en una condena a muerte errónea. Por ejemplo, en un país como es Estados Unidos, se han demostrado, a posteriori, numerosos casos de personas inocentes que fueron ejecutadas por un error procesal.
Otro aspecto a destacar es la falta de información en torno a la pena de muerte por parte de varios países. Estados como China, que se considera el mayor ejecutor de personas del mundo, no cuenta con datos numéricos reales de los ejecutados anualmente y la propia población nacional no tiene acceso a dicha información, por lo que tampoco es posible que se genere un debate interno en relación a esta práctica.
En ciertos países la pena de muerte se aplica incluso a delitos menores. Del mismo modo, en varias ocasiones que algunos de los “delitos” a los que son condenados muchas personas son de índole religiosa y atentan contra la libertad de expresión, como pueden ser el abandono del islam, el adulterio o las conductas sexuales no heterosexuales. Asimismo, los condenados a muerte suelen pertenecer a las esferas sociales con menos recursos, convirtiendo esta práctica en un arma más de injusticia social. Por otra parte, los casos en los que la pena de muerte se aplica a terroristas, pueden generar un efecto contrario al deseado, pues convierte en mártires a aquellos que mueren y los grupos terroristas pueden considerar estos actos como una venganza estatal.
Además, la pena de muerte puede considerarse como una forma extrema de tortura, como aquellos casos en los que confesiones conseguidas a través de torturas desembocan en una condena a muerte. En esta línea, en la gran mayoría de los tratados internacionales se incluye la tortura como una práctica inadmisible e inaplicable, mas esto no ocurre con la pena de muerte. No obstante, en cualquier caso, se considera que la aplicación de la pena de muerte vulnera toda normativa internacional de defensa de los derechos humanos, por lo que los Estados que la llevan a cabo no estarían aplicando correctamente los Tratados Internacionales que han firmado y ratificado.
Penas con nombres y apellidos
Uno de ellos es el caso de Iwao Hakamada, un japonés condenado a la pena de muerte que, al no encontrar pruebas contundentes contra él, pasó 46 años en el corredor de la muerte sin decisión alguna con respecto a su vida. El resultado de este proceso fue que, si bien Iwao Hakamada fue puesto en libertad en 2013, su experiencia le generó una grave enfermedad mental irreversible, por lo que no podrá recuperar su vida.
Ashraf Fayadh, un poeta palestino exiliado en Arabia Saudí, condenado a raíz de una denuncia en la que se alegaba que sus poemas incitaban al ateísmo. Ashraf Fayadh fue acusado por difundir ideas blasfemas a la juventud y, tras varios años inmerso en el proceso, en abril de 2014 se consiguió que el tribunal redujera su condena a 4 años de prisión y 800 latigazos contra él.
La lucha contra la pena de muerte se ha mantenido como una de las prioridades de Amnistía Internacional desde sus inicios, pues constituye una “violación flagrante de los derechos humanos”, concretamente el derecho a la vida y el derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Cabe destacar que dos tercios de los países del mundo habían aprobado la abolición de la pena de muerte en 2016, así como que muchos otros que, a pesar de no haberla abolido de manera total, habían suprimido las ejecuciones. Este hecho aporta un hilo de esperanza al mismo tiempo que anima a organizaciones como Amnistía Internacional a continuar en la lucha contra prácticas que suponen una violación de los derechos humanos y de las normas de Derecho Internacional por parte de los Estados.
