El 22 de febrero Amnistía Internacional lanzó el #Informe2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En él denunciamos cómo numerosos gobiernos han impregnado de odio y miedo la política, mostrando un cruel desprecio por las libertades fundamentales. A su vez, esto ha provocado un resurgimiento de los movimientos de protesta, integrados […]
El 22 de febrero Amnistía Internacional lanzó el #Informe2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En él denunciamos cómo numerosos gobiernos han impregnado de odio y miedo la política, mostrando un cruel desprecio por las libertades fundamentales. A su vez, esto ha provocado un resurgimiento de los movimientos de protesta, integrados por gente que, en vez de ceder ante el discurso del miedo, clama justicia, recupera e impulsa viejas luchas que están dando comienzo a una nueva era de activismo social.
El miércoles presentamos a los medios de comunicación autonómicos el #Informe2018 en Toledo y aprovechamos para hacer balance de la situación de derechos humanos en España y Castilla-La Mancha, una realidad que no queda al margen del contexto global.
Libertad de expresión y derecho de reunión pacífica
Amnistía Internacional ha constatado claros ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, “gracias” a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información.
En la rueda de prensa de presentación del #Informe2018 nos acompañó Nacho Monreal, afectado por el caso de «Los 5 del Buero», en el que varios profesores y activistas sociales de Guadalajara se enfrentaron a una petición de cuatro años de prisión tras irrumpir de manera pacífica en el Teatro Buero Vallejo, al enterarse de que allí se estaba desarrollando el Pregón Oficial de las Fiestas con la asistencia de la Subdelegada del Gobierno y el Alcalde de Guadalajara. Los 5 esperaron cinco años hasta que en febrero de 2017 un tribunal finalmente considerara que tanto las acusaciones realizadas por los policías locales, así como la investigación judicial seguida contra ellos, contenían graves irregularidades. Este caso aparece recogido en el informe «España: Activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira.»
Austeridad y derechos sociales
Por otra parte, el impacto de las medidas de austeridad aplicadas durante la crisis económica está dejando desamparadas a decenas de miles de personas en España y en Castilla-La Mancha. Medidas como el Real Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos.
Amnistía Internacional denunció en 2015 el efecto que en Castilla-La Mancha estaba teniendo la aplicación del RDL 16/2012. Nuestra comunidad lo aplicó de manera rigurosa sin desarrollar ningún tipo de programa para extender la atención sanitaria. Por eso, la organización valoró positivamente que en febrero de 2016, el gobierno autonómico adoptara una orden encaminada a asegurar el derecho al acceso a la salud para todas las personas residentes de la región con independencia de su situación administrativa. Sin embargo, consideramos que se han de adoptar normas jurídicas que refuercen el acceso de la población migrante en situación administrativa irregular a la atención sanitaria, con un rango superior a esta orden. Además, se han de llevar a cabo campañas de divulgación sobre ese cambio en centros de salud y hospitalarios para que esas personas sean conscientes del derecho que tienen y combatir así el efecto disuasorio del Real Decreto 16/2012.
El derecho a una vivienda también está en peligro en España y en nuestra región. Se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017, 1.810 de ellos en Castilla-La Mancha, una cifra sensiblemente mayor que en el mismo período de 2016, especialmente debido al aumento de los desahucios por impago del alquiler. Las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más gravemente afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado. En 2017 se han elaborado en Castilla-La Mancha sendos anteproyectos de ley de Vivienda y de Garantías ciudadanas. Ambos incluyen medidas positivas, como la creación de un censo de viviendas vacías, medidas para evitar que se mantengan desocupadas injustificadamente, o la obligación de ofrecer un alquiler social a las entidades financieras antes de interponer una demanda judicial de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler, pero Amnistía Internacional las considera insuficientes y reivindica que se incorpore expresamente a la legislación autonómica un protocolo de coordinación entre juzgados y servicios sociales para que en cuanto exista un proceso de desalojo se contacte con los servicios sociales para garantizar una vivienda adecuada alternativa para las personas que no puedan proveerse de una por sus propios medios.
Crisis de refugio
Tampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo ha incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur.
Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en marzo de 2017 una declaración institucional por la que instaban al Gobierno central a «agilizar de manera significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento», así como a «cumplir con el plazo previsto los compromisos acordados con la Unión Europea de acoger a 17.337 personas».
También en 2017 más de 50 organizaciones y personalidades de Castilla-La Mancha apoyaron también la exigencia al gobierno español de que cumpliera con sus compromisos en materia de reasentamiento y reubicación.
Amnistía Internacional CLM se movilizó en ciudades como Toledo, Talavera de la Reina, Albacete o Ciudad Real dentro de la acción #InauguramosCiudad, en la que se invitaba a los Ayuntamientos a hacer públicas las cifras de acogida de personas refugiadas y recursos que ponían a disposición del gobierno central. Ninguno de ellos se comprometió a dar una cifra concreta. Amnistía Internacional considera imprescindible mejorar protocolos de coordinación entre Gobierno central, CCAA y ayuntamientos en esta materia.
Educación en derechos humanos
Desde Amnistía Internacional Castilla-La Mancha hemos valorado positivamente la puesta en marcha, en forma de pilotaje, de la asignatura de “Educación para la Igualdad, la Tolerancia y la Diversidad” en el curso 2017-18, que incluye contenidos de derechos humanos. Pedimos a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que mantenga esta materia en Educación Primaria, Secundaria y la extienda a Bachillerato, tal y como recomienda Naciones Unidas, y tenga en cuenta el marco internacional de los derechos humanos en cualquier futura reforma de la asignatura. Asimismo, hemos demandado que garantice la formación inicial y permanente del profesorado en derechos humanos.
Os dejamos la entrevista que realizaron en Castilla-La Mancha Despierta de CMM Televisión a nuestra compañera Rafaela Alonso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha sobre la el informe 2018.
(Foto: H. Fraile)