La abogada de la Fundación para la Justicia nos visita con motivo de la presentación del informe ‘¿Hogar dulce hogar?’, para el que ha colaborado con Amnistía Internacional.
Claudia Interiano es una abogada salvadoreña en cuyo currículum figura la colaboración con múltiples organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el feminismo y las estrategias jurídicas para la incidencia.
La Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son algunas de esas organizaciones, y son las que cita al ser preguntada por los inicios de su actividad en materia de derechos humanos: “Ese es mi background: casos de niños y niñas desaparecidos durante la guerra, de masacres cometidas contra población civil en el conflicto armado en El Salvador en los años 80”.
El Salvador vivió una guerra civil entre los años 1980 y 1992, y aunque al finalizar se estableció un organismo –la Comisión de la Verdad para El Salvador– que debía investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo bélico, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz firmada en 1993 posibilitó que la gran mayoría de esas violaciones quedaran impunes. Ello explica que organizaciones no gubernamentales se ocupen aún en la actualidad de buscar justicia para las víctimas o que personas como Claudia, que actualmente trabaja en la Fundación para la Justicia, continúe llevando casos como voluntaria “porque en El Salvador no mucha gente quiere retomar esos casos, y para mí es difícil dejar los que ya llevaba”.
Fundación para la Justicia
Con sede en la Ciudad de México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho es una organización no gubernamental creada en 2011 con el objetivo de promover el acceso a la justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos. Surge tras la sucesión de tres masacres en México, dos de ellas en San Fernando (72 ejecutados en el año 2010 y al menos 193 en 2011), y una tercera en Cadereyta (49 cuerpos mutilados en 2012), en las que la mayor parte de las víctimas son personas migrantes procedentes del conocido como Triángulo Norte, que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador. Este dato explica que la Fundación cuente con una persona de referencia en cada uno de los tres países, además de en México, siendo Claudia la responsable en su país natal, El Salvador.
“La gente está migrando de estos países debido a situaciones de extrema pobreza, pero sobre todo, como dice el informe ‘¿Hogar dulce hogar?’, debido a la violencia”, apunta Claudia. Los países del Triángulo Norte poseen amplios territorios controlados por bandas criminales que obligan a los niños a unirse a ellas, a las niñas a ser esclavas sexuales y a los comerciantes a pagar elevados impuestos. Si se niegan, es muy posible que sean asesinados. La desprotección que sufren los ciudadanos por parte de sus gobiernos los obliga a huir hacia el norte en busca de seguridad, pero les aguarda la terrible ruta a través de suelo mexicano, con todo tipo de violaciones de derechos humanos en el camino y con el agravante de que “las autoridades son conscientes de lo que sucede”.
Tras conocerse las masacres, “en los países de origen los familiares estaban en alerta porque sus parientes, que transitaban por esa ruta migratoria, no les habían contactado”. En un primer momento las familias acudieron a las fiscalías generales de sus respectivos países, que negaban tener competencias por suceder los hechos en suelo mexicano. Eran remitidos entonces a los ministerios de asuntos exteriores o incluso al propio México, “pero son familias pobres que no pueden pagar un boleto y mucho menos una visa mexicana”.
