Amnistía Internacional publica hoy un informe que pone de relieve la reducción del gasto público en sanidad en toda España. Como consecuencia, el derecho a la salud está en riesgo: las políticas de austeridad han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria. En la región, se ha reducido un 6,70% el gasto sanitario por habitante.
La inversión sanitaria pública se ha reducido un 7,79% en la Comunidad de Madrid, con un descenso desde 8.042,266 millones de euros en el año 2009 hasta los 7.415,759 millones euros en 2018. Esta es una de las conclusiones del informe que publica hoy Amnistía Internacional titulado ‘La Década Perdida: Mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009-2018’ (último año con datos oficiales sobre inversión en sanidad).
Otra de las cifras alarmantes que denuncia la organización es que entre 2009 y 2018 el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 6,70%, lo que supone que la Comunidad de Madrid, en 2018, se gastó en cada persona 140 euros menos en una década. En dinero corriente, la región dedica 1.266 € por habitante, muy inferior comparado con los 2.221,11 € por habitante a nivel nacional.
Amnistía Internacional señala que tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos hace diez años. Como consecuencia, el derecho a la salud está en riesgo en España: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores, tal y como ha denunciado AI en otros informes.
La atención primaria, la gran olvidada
La organización señala que la atención primaria, fundamental en un sistema de salud y esencial para afrontar una crisis sanitaria como la pandemia de coronavirus en la que nos encontramos, ha sido una de las áreas más perjudicadas. La inversión en este tipo de servicio, que es la puerta de entrada al sistema público de salud y la única a la que muchos pacientes acuden, se ha reducido en un 11,76% en la última década en la Comunidad de Madrid: ha pasado de un inversión de 964,434 millones en 2009 a 850,996 millones de euros en 2018.
«La atención primaria tendría que dar respuesta al 85% de los problemas de salud, y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando. Cuando yo empecé a trabajar, hace 30 años, podías hacer una valoración integral del paciente, que a veces puede venir con problemas físicos pero si no pasas algo de tiempo con ellos se te pueden escapar los aspectos psicológicos. No podemos seguir atendiendo a 50 personas al día«, denuncia Loly, enfermera de atención primaria en Madrid.
El orgullo de un sistema que se estanca
Aunque en diez años las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado a nivel estatal, en la Comunidad de Madrid se ha reducido el personal médico de atención primaria por habitante un 0,01: ha pasado de un 0,69 en 2009 a 0,68 en 2018, muy inferior a la ratio estatal que se sitúa en 0,77 en 2018.
En cuanto a la ratio de personal de enfermería, también ha descendido, pasando de un 0,51 en 2009 a 0,49 en 2018. De nuevo, la ratio de la Comunidad de Madrid es muy inferior comparada con la de toda España (0,66 en 2018)
«Tenemos personal insuficiente, muy por debajo de lo que se espera de un país como España, medios insuficientes y un presupuesto menguante. Este es el contexto en el que aparece la pandemia”, denuncia Pedro, médico de atención primaria en Madrid.
Por todo esto, Amnistía Internacional señala que España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud y debe construirla desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. Para ello, pide a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas:
- Dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes
- Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.
- Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
- Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
- Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.
