El derecho al agua es un derecho transversal ya que su escasez tiene impacto en otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a un trabajo digno.
El derecho al agua entró de manera literal en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales en 1966, en la que se considera por primera vez el agua como un derecho humano universal. Mencionado de nuevo en la convención del clima de Río, sólo en 2010 se exhorta a los países por parte de una resolución de la ONU a garantizar ese derecho a la población.
El derecho al agua se acompaña también del derecho al saneamiento, muy importante para los países en desarrollo. El derecho al agua es un derecho transversal porque su escasez tiene impacto en otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho a un trabajo digno, etc…
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Un ejemplo del impacto de la falta de agua potable y saneamiento en los países africanos es el que sufren las niñas, quienes a menudo tienen que abandonar la escuela para encargarse de acarrear el agua para la familia, o sufren violaciones y problemas de salud provocadas por la falta de saneamiento adecuado en las escuelas.
Son alarmantes los datos de depuración de aguas residuales en lugares como África y América Latina, que tienen un alto impacto también en el medioambiente, un efecto negativo más de la falta del desarrollo al derecho al agua.
Desertificación y cambio climático
Relacionado con el medioambiente, la desertificación y el cambio climático tienen un alto impacto a su vez en el derecho al agua. La falta de lluvia, las lluvias torrenciales y el cambio climático tienen un alto impacto en la población de lugares como África.
Para 2080, la FAO estima que el 75% de la población de África correrá riesgo de sufrir hambre por culpa de la falta de agua, y se perderán 75 millones de hectáreas que a día de hoy son aptas para cultivo.
A su vez, esto genera un flujo de migración climática y de falta de recursos que impactará en la situación de los derechos humanos en otros muchos países.
La ayuda externa, la gestión gubernamental y las empresas
El trabajo de organizaciones internacionales que se encargan de construir pozos de acceso al agua, saneamientos y otras infraestructuras tan necesarias es fundamental en los países en vías de desarrollo. Lamentablemente, no siempre se llevan a cabo los proyectos con todo el seguimiento que requieren esas infraestructuras una vez construidas, o no han seguido un control exhaustivo de sus condiciones y el estado del agua, resultando en ocasiones más dañino el consumo para la población que la falta de agua.
Este fue el caso de los pozos que se desarrollaron en los años 70 en Bangladesh, donde el acuífero explotado contenía arsénico y acabó intoxicando a miles de personas en las poblaciones donde se extrajo el agua.
A esto se suma el caso de países como Chile, donde la corrupción gubernamental provoca la falta de agua en regiones como Petorca, donde defensores de los derechos humanos denuncian que las empresas se quedan con el agua de los ríos, extrayendo el agua de manera ilegal para la minería y otras actividades privadas, en connivencia con los gobiernos. Esta situación deriva en la persecución de personas como Rodrigo Mundaca y el colectivo MODATIMA (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente).
Más conocido fue el caso de la defensora hondureña Berta Cáceres, defensora de los derechos humanos que en 2016 pagó con su vida su labor en contra de la construcción de una presa por parte de una empresa privada en las tierras ancestrales del pueblo Lenca.
Los gobiernos son directamente responsables del reparto justo equitativo del uso del agua y del acceso al mismo y al saneamiento de su población. Es a través de normas y el respecto a las mismas, que los gobiernos deben facilitar el uso del agua a las personas, controlando la gestión de esa agua por parte de las empresas privadas. Amnistía Internacional considera que el agua debe considerarse en todo momento como un derecho humano y no como un bien privado de consumo, legislando con ese objetivo en mente.
El despilfarro del agua
En España sólo el 5% del agua potable se consume en los hogares. Debe ponerse el foco frente al despilfarro del agua en las industrias que más agua derrochan como la agricultura (80%), donde el mantenimiento de las infraestructuras anticuadas y poco cuidadas produce grandes pérdidas de agua.
El 15% del agua restante se consume en la industria, donde se podría gestionar mejor el uso del agua con un control y una renovación de los sistemas de producción.
A todo esto, se debe sumar la parte del saneamiento y la reutilización del agua, que produce vertidos contaminantes e impide recuperar el agua para otros usos, que por la misma falta de control e inversión merma la eficiencia del sistema.
En este contexto, Amnistía Internacional reclama a los gobiernos que faciliten la plena realización y disfrute de ese derecho en todos los países del mundo garantizando un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todas las personas.
