Estamos atravesando un período convulso medioambientalmente. Es urgente que los gobiernos emprendan acciones que cumplan los compromisos acordados. Para Amnistía Internacional el incumplimiento de estas obligaciones es una violación de los derechos humanos.
El exorbitante aumento de los precios de los combustibles fósiles, agravado por la terrible invasión rusa de Ucrania, ha demostrado que seguir dependiendo de estos combustibles es poco fiable, inasequible e insostenible. Resulta perverso que el grupo de presión sobre combustibles fósiles y otras entidades se estén aprovechando del aumento de los preciosdel petróleo y el gas para promover un retroceso en las decisiones sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles o para ampliar estos combustibles en su ámbito local. Esas acciones contribuirán a incrementar las emisiones decarbono y, por tanto, los daños a los derechos humanos, y violarán la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos. En lugar de eso, los Estados pueden y deben garantizar que su población tiene acceso a energía asequible implementando de manera inmediata soluciones para incrementar la capacidad de la energía renovable y mejorar la eficiencia del uso de la energía
The Guardian, publicaba el pasado 14 de Mayo, que los planes de expansión a corto plazo de la industria de los combustibles fósiles consisten en megaproyectos de petróleo y gas que producirán gases de efecto invernadero equivalentes a aproximadamente 18 años de emisiones globales de CO 2 actuales. Se trata de auténticas “bombas de carbono” lanzadas a la atmósfera. En este sentido es importante reseñar que Amnistía Internacional se adhirió en abril a la iniciativa de promover un Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Conviene destacar asimismo el apoyo al análisis sobre financiación de combustibles fósiles de Banking on Climate Chaos, particularmente importante ahora que la gran banca se muestra reticente a cumplir con sus obligaciones climáticas y lanza el globo sonda de que la transición ecológica es inflacionista.
Igualmente, con la vista puesta en otros temas cruciales de la COP27, Amnistía Internacional ha contribuido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la creación de áreas protegidas, así como ante el nuevo marco global de biodiversidad después de 2020 (COP15-CBD de China, aplazada por la COVID19). No hay que olvidar la posición manifestada por Amnistía Internacional en abril ante la nueva regulación europea que para proteger los derechos humanos y el medioambiente en la cadena de suministro de pilas y baterías.
En este ecuador entre cumbres debemos recordar que la crisis climática es una crisis de derechos humanos y la falta de medidas ambiciosas de los gobiernos para abordarla podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia.
