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Las respuestas a la COVID-19 y las medidas de recuperación no pueden ignorar la crisis climática. Hay que hacer valer los derechos económicos, sociales y ambientales para vivir en un mundo menos desigual y más habitable.

Autor: Mario Grande, Equipo de Derechos Sociales, Económicos y Ambientales de Amnistía Internacional Madrid

La crisis sanitaria, social y climática que estamos atravesando nos obliga a espabilar. Volver a la normalidad ya no es una opción. Hemos entrado en un tiempo en el que podemos y debemos hacerlo mucho mejor. Nos va en ello la propia vida y las cosas buenas de la vida como tener salud, trabajo, casa, agua y comida, energía, oportunidades educativas y culturales y un medio ambiente sano donde poder disfrutar de todo eso en comunidad. Por eso es importante retomar la agenda climática, que había quedado en segundo plano ante la emergencia sanitaria.

Cada vez hay más evidencias de la relación entre pandemias como la que estamos sufriendo y la pérdida de biodiversidad por la invasión de hábitats naturales. Cada vez son más frecuentes y fuertes los impactos del calentamiento global. Cada vez son más las personas afectadas, que ya se cuentan por millones: fallecimientos por la pandemia, desplazamientos por los impactos del calentamiento global, y una muchedumbre de personas expulsadas del mercado laboral y de la protección social más elemental, particularmente mujeres, personas migrantes y refugiadas, mayores, niñas y niños y personas con discapacidad. También hemos entrado en un tiempo en el que la desigualdad social se ha acentuado. Es escandalosa la concentración de la riqueza en unas pocas manos y la extensión de la pobreza a buena parte de la población, en otras palabras, la privación del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de millones de personas.

Por eso las respuestas a la COVID19 y las medidas de recuperación no pueden ignorar la crisis climática. Si meses atrás no era correcto oponer salud a economía, ahora tampoco lo es oponer recuperación a agenda climática. La pandemia actual y los fenómenos extremos que ya estamos padeciendo son un serio aviso de lo que puede suceder si los estados no intensifican con urgencia la acción climática, si las multinacionales no prescinden gradualmente de los combustibles fósiles y optan por energías renovables y compatibles con los derechos humanos. Ahora de lo que se trata es de asegurar para todas las personas un futuro más seguro y menos desigual. Se trata de hacer valer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a vivir en un mundo menos desigual. 

Cuando un edificio está en llamas es inútil apagar el fuego en una sola habitación. En una crisis sanitaria, social y climática planetaria hay que aumentar significativamente la cooperación entre estados del norte y del sur global. Caben multitud de iniciativas, pero se puede empezar por aumentar la financiación a proyectos de transición ecológica, exigir rendición de cuentas a empresas españolas que actúan en terceros países sobre el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos y retirar el apoyo a aquellos proyectos que puedan suponer violación de derechos. También se pueden facilitar recursos efectivos para que puedan defenderse ante los tribunales españoles víctimas de abusos de derechos humanos cometidos por empresas españolas, incluir la categoría de desplazados por la crisis climática entre los supuestos de demanda de asilo y refugio y garantizar el cumplimiento de las directivas de la Unión Europea sobre personas defensoras de derechos humanos.

De todo esto hablamos el pasado 5 de junio con Soledad Montero, de Ecologistas en Acción, y Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Aunar esfuerzos va a ser muy necesario en este nuevo tiempo.