La jornada “Crisis habitacional en la Comunidad de Madrid: los rostros de los desahucios”, analiza la situación y pone rostros al dolor de las personas.
El pasado viernes 27 de junio, las organizaciones y colectivos que integran la plataforma de vivienda hábitat 24, en la que se integra Amnistía Internacional, organizaron una jornada de reflexión sobre la “Crisis habitacional en la Comunidad de Madrid: los rostros del desahucio”, que se completa con una exposición abierta al público, del periodista social Olmo Calvo, que permanecerá en la Escuela Julián Besteiro, sita en la calle Azcona 53, hasta el próximo jueves 24 de julio.
Una de las conclusiones recurrentes, de varios intervinientes, fue que: “la Comunidad de Madrid atraviesa una de las situaciones habitacionales más tensas de España, con alquileres inasumibles —especialmente para los más jóvenes— y una creciente concentración de viviendas en manos de grandes tenedores y fondos de inversión”.
RUGE, la organización juvenil de UGT, centró su intervención en las dificultades que esta crisis impone a las personas jóvenes: “Muchas jóvenes en Madrid tenemos que dedicar más de lo que ganamos al pago del alquiler”. A pesar de que la tasa de paro juvenil se sitúa actualmente en mínimos históricos, se ha advertido que la combinación de altos precios de la vivienda, precariedad laboral y coste de vida sigue impidiendo la emancipación de los más jóvenes. “En 2025, que una persona joven encuentre piso es irrealista”, ha concluido.Amnistía Internacional puso el acento en las implicaciones en materia de derechos humanos que supone esta situación: “El derecho internacional de los derechos humanos está seriamente atacado”, ha advertido. La organización lamentó que “no hay una aplicación” efectiva del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna,, ha recordado que la Carta Magna no lo recogió como un derecho fundamental y la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, no subsanó esa carencia fundamental para hacer efectivo el derecho” y enfatizó que “según el derecho internacional, los estados deben dedicar el máximo de recursos disponibles a la provisión de los derechos económicos y sociales”.
A lo largo de la jornada, se abordó la crisis habitacional en la Comunidad de Madrid, también desde las perspectivas de la intervención social, sobre la que se pretende hacer recaer, en muchas ocasiones, la solución al ingente problema político. Sobre situaciones vigentes de la grave vulneración del derecho, en Cañada Real donde se desoyen las exigencias del Consejo de Europa, por parte de todas las administraciones (central, autonómica o municipal de Rivas). O, sobre el escabroso proceso judicial de las vecinas víctimas, por la venta de viviendas sociales en 2013, propiedad de las agencias de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma. Aquí puedes conocer el análisis de Amnistía Internacional sobre los problemas para la realización del derecho humano a la vivienda digna y adecuada, en nuestro país: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/derecho-vivienda
