El conflicto armado entre guerrillas, grupos paramilitares y el gobierno culminó oficialmente con un acuerdo de paz en 2016. Sin embargo, la violencia ha adoptado nuevas formas de opresión y persisten las persecuciones a los activistas defensores de los derechos humanos, que se ven obligados a exiliarse para conservar sus vidas
Autor: Jesús Calero, Amnistía Internacional Madrid
Los nueve días de protestas consecutivos reclamando el fin de la reforma tributaria aprobada en el país durante la pandemia son solo los últimos presagios del malestar de una sociedad presa de una guerra interna de múltiples frentes y la violencia. En este momento, en el que un diálogo inclusivo y honesto es más importante que nunca, recordamos a Mercedes Rodríguez, una colombiana exiliada en España que ayuda a los oyentes de Radio Utopía a comprender la compleja realidad política del país.
Tras los acuerdos de paz con las FARC, la violencia se ha trasladado hacia nuevas formas de represalias y explotación de la que participan tres frentes: los grupos paramilitares, las fuerzas gubernamentales y las milicias rebeldes. La respuesta policial a las protestas demuestra que la intimidación gubernamental se ha convertido en una práctica habitual de un nuevo modelo económico que muchos activistas foráneos han calificado de “extractivista”.
Comprender el contexto de Colombia tras los Acuerdos de Paz
La guerra de guerrillas es el desencadenante de un modelo de gestión cuyas causas estructurales están caracterizadas por la injusticia social y la concentración de tierras. Tras los acuerdos de paz firmados con las FARC, el gobierno colombiano enfrenta un nuevo equilibrio de fuerzas que sigue cobrándose víctimas en las zonas rurales, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELP) y los grupos paramilitares siguen activos. En sus luchas internas por el control geopolítico, las ocupaciones de tierras pertenecientes a las poblaciones indígenas están completamente normalizadas. “El Estado no te protege”, señala Mercedes, quien tuvo que escapar España ante las amenazas de muerte.
En los últimos años, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse para escapar de la violencia, especialmente en departamentos como Nariño, Chocó y Antioquia, donde los enfrentamientos entre los grupos armados amenazaban directamente a la población civil. La pandemia de Covid-19 ha empeorado todavía más las precarias condiciones de vida en las zonas rurales, donde los nativos carecen de acceso a unos servicios de salud básicos, agua potable, alimentos o instrumentos legales efectivos para enfrentar la influencia del sector económico —el otro gran usurpador de territorios de la región.
Asociaciones indigenistas como el Movimiento Ríos Vivos, ADISPA o el PCN denuncian que la impunidad de las prácticas violentas se extiende incluso dentro de las instituciones. Según la ONG Global Witness, Colombia es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los derechos medioambientales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el año pasado 97 casos de asesinato de activistas, de los cuales se han verificado 45 homicidios. Las víctimas eran miembros de comunidades implicadas en el proceso de los Acuerdos de Paz. “Existe cierta sensación de impunidad”, comenta Mercedes con tristeza.
Las movilizaciones sociales, que comenzaron en noviembre de 2019 en protesta contra la política económica de Duque han vuelto a despertar esta semana después de más de un año y medio de tregua, culminando con la dimisión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras fracasar el controvertido proyecto de la reforma tributaria.
Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, aunque la ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo contabilizaba “26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía”.
Según informa EFE, Temblores ha reportado también “142 víctimas de violencia física”, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos”, nueve víctimas de violencia sexual y “56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización”.
La reforma tributaria y la defensa de los intereses particulares han arrastrado al país a un escenario inesperado tras el alto al fuego con las guerrillas. La impotencia social ante la influencia de los intereses particulares en la agenda política del gobierno exige que los actores políticos busquen una solución consensuada, un nuevo pacto social que restituya a las comunidades indígenas, que respete la soberanía de sus ciudadanos y que termine con lo que la ONU ha catalogado como un “uso excesivo de las fuerzas policiales”.
En defensa de los derechos humanos
No existen recursos de protección estatal concretos que blinden los derechos fundamentales de los más desfavorecidos. Todo lo contrario: las campañas difamatorias del gobierno contra los activistas y su persecución son una práctica habitual que los conduce al exilio o a la autocensura.
En mayo de 2020, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que el ejército colombiano sometía a vigilancia ilegal a las defensoras de los derechos humanos Luz Marina Cuchumbe y Jani Rita Silva. Solo un mes antes, fuentes cercanas a Amnistía Internacional recogieron la muerte de 135 defensores de los derechos humanos realizando labores de denuncia social, y esperan la confirmación de otros 65 homicidios restantes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el año pasado 97 casos de asesinato de activistas, de los cuales se han verificado 45 homicidios. Las víctimas eran miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas, implicadas en el proceso de los Acuerdos de Paz entre las FARC, el ELP, el EPN y las autoridades gubernamentales.
Ante estas condiciones, Mercedes Rodríguez decidió exiliarse. Las dificultades para conseguir asilo político y el sentimiento de desarraigo la entristecen. “Si no trabajamos sobre las causas de los conflictos, seguiremos atendiendo los efectos”, se lamenta. Actualmente, muchos activistas temen por sus vidas y deciden acogerse a la condición de refugiados para estar amparados por el artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra y por la Ley 12/2009 del derecho de asilo y protección subsidiaria en España. Cuando un sistema político no ofrece las garantías democráticas necesarias a sus ciudadanos, su vida siempre corre peligro.
Foto de Leonardo Munoz/VIEW press/Corbis via Getty Images
