Castilla – La Mancha
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España: Amnistía Internacional pide que el gasto sanitario público aumente cada año de forma progresiva para afrontar posibles crisis

De 2009 a 2021 Castilla-La Mancha ha perdido 7,7 puntos porcentuales del gasto sanitario respecto al gasto público total, frente a los 2 puntos que se han perdido en el conjunto de CCAA.

En ese período, la inversión en atención primaria en Castilla-La Mancha se ha reducido un 4,1% frente al 0,25% de media, aunque es la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje destina a la atención primaria respecto al gasto sanitario total (16%).

Madrid/Toledo.- Amnistía Internacional ha llevado a cabo un análisis del gasto sanitario en el que lamenta que en doce años (de 2009 hasta 2021, últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad) el gasto sanitario público solo se ha incrementado un 5%, frente al 27% que ha crecido el gasto sanitario privado. El Sistema Público de Salud enfrentó la pandemia en una situación de gran fragilidad, pues había perdido, en 2019, un 6% de gasto sanitario público frente a 2009. Aun con la presencia de COVID-19 todavía muy fuerte, en 2021, el gasto sanitario público se vio reducido con respecto al año anterior en un 1,44%. Amnistía Internacional alerta de que si bien podría ser difícil mantener el nivel de inversión de la pandemia, las administraciones no deben iniciar una tendencia de descenso en la inversión. Por comunidades, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, fueron las que más inversión perdieron en 2021 (un 6,4%, 3,4% y un 3,3% respectivamente) y, frente a ellas, solo la Región de Murcia y Canarias incrementaron la inversión en un 2 y un 1,3%. 

En cuanto a atención primaria, y a pesar de que los organismos internacionales han alertado durante años de que este nivel asistencial es esencial para garantizar el derecho a la salud de las personas y debe ser la piedra angular de los sistemas públicos de salud, España sigue sin recuperarse de la crisis económica, doce años después, con unos niveles de inversión ligeramente inferiores: un 0,25% menos. Las comunidades que destinan menos porcentaje a este servicio son la Comunidad de Madrid, Galicia, Asturias y Aragón. Las que más, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla y León y La Rioja.

“No solo la pandemia debería haber hecho saltar las alarmas. También la crisis climática y sus efectos en la salud nos deberían alertar de que es necesario incrementar la inversión en sanidad, y de manera especial en la atención primaria, con la finalidad de tener un sistema de salud mejor preparado para posibles futuras crisis, tal y como recuerdan la OCDE en su último informe y la OMS”, señala Marta Mendiola, investigadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, de cara a la reunión que ha convocado para mañana, 9 de febrero, el Ministerio de Sanidad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un monográfico sobre Atención Primaria.

La organización exige una mayor inversión a las Comunidades. «Las Comunidades Autónomas tienen muchísima responsabilidad en la situación de la atención primaria. Se necesita de una vez un compromiso político y un acuerdo entre las Comunidades y el Ministerio de Sanidad para incrementar el gasto en atención primaria, aumentar el ratio de personal médico y de enfermería y reducir listas de espera», añade Mendiola.

Ratio de personal médico y enfermería

El ratio de personal médico en atención primaria por cada mil habitantes es prácticamente el mismo en 2021 que en 2009 (0,77 frente a 0,74). Lo mismo sucede con el ratio de personal de enfermería (0,66 frente a 0,61).

Una de las mayores consecuencias de la falta de inversión adecuada en atención primaria son las listas de espera. España no cumple con las recomendaciones que el propio marco estratégico para la atención primaria y comunitaria de 2019 marcaba: garantizar que las demandas de atención no urgentes se hagan en menos de 48 horas. Únicamente el 27% de las peticiones de consulta se resuelven en ese tiempo. “Es realmente preocupante que intentar pedir una cita con más o menos urgencia sea una odisea, y tener que soportar finalmente el retraso con el que te la dan. Pero es que además hay comunidades como Canarias (con solo el 12% de peticiones que se atienden en menos de 48 horas), Andalucía (17,6%), Islas Baleares (17,9%) y la Comunidad de Madrid (18,2%), donde esta situación es más alarmante aun”, lamenta Mendiola.

En cuanto a gasto por habitante en sanidad y respecto de otros países de la Unión Europea, España ocupa una posición intermedia, el puesto 13 de los 27 países de la Unión Europea, con un gasto de 2.537,76 € por habitante, muy alejado de países como Dinamarca (5.642,26€), Suecia (5.260,21€), Alemania (5.192,41€) y Países Bajos (5.108,39€), según los últimos datos de Eurostat de 2020, que se presentan en valores corrientes, es decir sin tener en cuenta la inflación.

Obligaciones del Estado

España, habiendo firmado numerosos tratados internacionales de derechos humanos está obligada a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la salud. Sin embargo, y a pesar de que desde 2014 el gasto sanitario ha ido creciendo, no lo ha hecho de manera ajustada a las necesidades del Sistema de salud, incumpliendo así sus obligaciones internacionales en esta materia.

Así lo ha recordado recientemente la Comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, que ha subrayado que la inversión en atención primaria en España es insuficiente, y ha alertado de los peligros de las reducciones presupuestarias, destacando además que el número de profesionales sanitarios sigue siendo insuficiente, con una excesiva carga de trabajo.

Otros organismos internacionales, como la OCDE y la OMS, han subrayado la necesidad de crear sistemas sanitarios resilientes al clima y a las posibles futuras crisis.

Peticiones de Amnistía Internacional

Ante esta situación, Amnistía Internacional, que se ha reunido con Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad para trasladarle sus preocupaciones, pide:

  • Adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria, tal y como recomiendan organismos internacionales, estatales y el propio sector sanitario. Para ello, es necesario asignar recursos a ella de forma progresiva cada año, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales, y establecer un mecanismo de financiación finalista en el ámbito de la atención primaria y mecanismos de monitorización del mismo. Es imprescindible que esto se traduzca en una mayor accesibilidad, reduciendo las listas de espera.
  • Evaluar el Plan de acción de atención primaria y comunitaria 2022-2023 y adoptar un nuevo Plan de acción en 2024.
  • Evaluar el cumplimiento del Marco estratégico para la atención primaria y comunitaria de 2019, publicar sus resultados e impulsar la adopción de un nuevo marco estratégico.
  • Garantizar que el sector profesional sanitario y la población afectada son debidamente consultados y pueden participar de manera activa de cara al diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud. 

Por otro lado, las autoridades autonómicas deben:

  • Cumplir con su obligación de lograr progresivamente la plena realización del derecho a la salud e incrementar la inversión sanitaria, priorizando de manera especial la atención primaria. Para ello, deben invertir por encima del gasto sanitario realizado el año anterior, con la finalidad de reforzar las plantillas, mejorar las infraestructuras y recursos materiales de los centros de atención primaria y lograr que, a medio plazo, las demandas no urgentes se resuelvan en 24-48 horas.

Amnistía Internacional ha enviado a las 17 consejerías de sanidad los resultados de este análisis, para que puedan ejercer su derecho a réplica. De todas ellas, únicamente ha contestado la consejería de sanidad de Cataluña, destacando la necesidad de «mejorar el volumen de recursos destinados a la sanidad en el sistema de financiación autonómica de las Comunidades Autónomas», y que este incluya, «como mínimo, todos los recursos de servicios sanitarios que se han añadido en el Sistema Nacional de Salud y que proporcionan las Comunidades Autónomas estos 10 años sin una financiación equivalente por parte del Estado, tal como indica la ley». Asimismo, la consejería de sanidad catalana afirma que «las líneas estratégicas de presente y futuro del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña van en el mismo sentido que reclama Amnistía Internacional. Estas estrategias están alineadas con las necesidades detectadas por los profesionales, proveedores y otros actores relacionados con la atención primaria y comunitaria de Cataluña».

Más información

Este análisis del gasto sanitario se suma a otros realizados por Amnistía Internacional como “La otra pandemia: entre el abandono y el desmantelamiento”. El análisis se ha realizado en euros constantes, para eliminar el efecto de la variable inflación, indicador económico que no se puede obviar en un estudio de evolución del gasto sanitario. La organización ha puesto en marcha la campaña defiendetusanidad.org

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