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Amnistía Internacional pide que se regule el precio del alquiler en las zonas tensionadas de Castilla-La Mancha

AI señala que el gobierno autonómico no debe limitarse a gestionar solicitudes de ayuntamientos, sino que ha de promover el establecimiento de estas zonas bajo su competencia

En una carta dirigida a la Consejería de Fomento, AI señala que el gobierno autonómico no debe limitarse a gestionar solicitudes de ayuntamientos, sino que ha de promover el establecimiento de estas zonas bajo su competencia

La organización de derechos humanos demanda también un compromiso firme para el incremento del parque de vivienda social, que en España es uno de los más pequeños de los países del entorno de la UE

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha dirigido una carta al Consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, expresando una serie de preocupaciones sobre el ejercicio del derecho a la vivienda en Castilla-La Mancha tras la reciente publicación del índice de referencia que permitirá́ la declaración de zonas tensionadas y la regulación de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo de 2023.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha pide que el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declare las zonas tensionadas en Castilla-La Mancha y, por tanto, se regule el precio del alquiler en las mismas. Dicha medida no es excluyente con invertir en aumentar la oferta de vivienda o construir más vivienda social. Ambas medidas son necesarias para garantizar el derecho a la vivienda.

El 27 de febrero, el Gobierno publicó el índice de precios de referencia para regular los alquileres. Este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia en base a los contratos que están actualmente en vigor. Para que se pueda aplicar, es necesaria la declaración de zonas tensionadas, que tienen que ser solicitadas por las comunidades autónomas, quienes deben presentar a su vez otra serie de medidas como aumentar la oferta o las ayudas, entre otras medidas.

Recientemente, el gobierno autonómico ha manifestado su negativa a regular el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, salvo que los ayuntamientos así lo soliciten. Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de zonas tensionadas y Amnistía Internacional considera que los gobiernos deben ser proactivos en el cumplimiento de las mismas. No deben limitarse a gestionar solicitudes de ayuntamientos, sino que deben promover el establecimiento de estas zonas.

Respecto a la vivienda social, Amnistía internacional recuerda en su carta al Consejero que el propio proyecto de ley reconoce que el parque de vivienda social “apenas ofrece cobertura a un 1,6 por ciento de los 18,6 millones de hogares que habitan en España, lo que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 por ciento registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca, considerando el total del parque de vivienda social”.

Por ello, Amnistía internacional insta a que haya un compromiso firme por parte de la Consejería de un incremento progresivo del parque de vivienda social y que este aumento quede reflejado en un porcentaje anual.

El Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de elevar la oferta disponible mediante la “promoción de la construcción de 10.000 viviendas en los lugares de la región donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda”, pero, a la vez, ha declarado su negativa a regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas.

Información complementaria

Amnistía Internacional valoró positivamente que hace casi un año se aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley por el Derecho a la Vivienda. Durante años, los movimientos sociales y diferentes organizaciones denunciaron la situación de crisis del derecho a la vivienda y trabajaron para que esta Ley, la primera estatal en democracia, fuera una realidad.

La nueva ley cuenta con aspectos positivos como la contención de los precios de los alquileres, el incremento del plazo para la suspensión de desalojos, o la protección e incremento del parque público de vivienda, entre otros. Sin embargo, sigue sin dar respuesta a algunas cuestiones esenciales para el cumplimiento de este derecho en España, como, por ejemplo, la creación de un régimen sancionador para que se respeten las obligaciones en materia de control de precios, la prohibición de desalojos para personas que por su situación de vulnerabilidad no cuenten con alternativa para acceder a otra vivienda, o la adopción de unos porcentajes mínimos anuales para que las comunidades autónomas incrementen el parque de vivienda social.

España cuenta con un parque de vivienda social que representa solo el 1,6% del total de viviendas, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. Según el último censo de 2023, existen 3,8 millones de viviendas vacías. Entre 2009 y 2018 el presupuesto público para el acceso a vivienda y fomento de la edificación se redujo más del 70%.

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