La defensora de derechos humanos colombiana , Alexandra Loaiza, asegura que “en esta negociación del conflicto armado, que no proceso de paz”, la violencia sigue siendo la protagonista.
Acogida en España al programa de Amnistía Internacional de protección especial de defensores y defensoras de derechos humanos, Alexandra Loaiza es actualmente la Coordinadora de la ONG Protection Desk Colombia (alianza entre la ONG colombiana Pensamiento Acción Social y la ONG Protection International).
Alexandra centra su trabajo en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en escenarios rurales, donde afrodescendientes, población indígena, sindicalistas y mujeres, son las principales víctimas de un conflicto armado de más de medio siglo de duración.
Si bien el gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC están en puertas de firmar un “ Acuerdo de Paz”, -a esto se suma el anuncio gubernamental del inicio de negociaciones con la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional, ELN-, Alexandra precisa que “no es un proceso de paz, es un proceso de negociación de un conflicto armado, que no significa para nada la paz”.
Alexandra destaca el hecho de que se ha experimentado un aumento significativo de agresiones y amenazas a defensores de derechos humanos:
“Presentamos los índices de confrontación bélica más bajos de los últimos 20 años, sin embargo, tenemos los índices de agresión a defensores de derechos humanos más altos del mismo período de tiempo. Se han incrementado las amenazas a defensores en un 300%” dice Alexandra Loaiza, coordinadora de Protection Desk Colombia.
Durante estos casi sesenta años de conflicto, han perdido la vida alrededor de 260.000 personas –la mayoría civiles –, y decenas de miles han sido víctimas de secuestros y desapariciones forzadas. El desplazamiento forzado y la apropiación indebida de tierras ha sido un elemento distintivo del conflicto armado. Entre seis y ocho millones de personas, sobretodo campesinos, han sufrido desplazamientos y han sido despojados de sus tierras mediante violencia e intimidación.
El problema de la restitución de tierras
Se calcula que en Colombia, entre ocho y doce millones de hectáreas han sido abandonadas o adquiridas a la fuerza, y que casi medio millón de población indígena no tiene reconocimiento oficial de su derecho colectivo a la tierra.
En su declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tuvo lugar entre febrero y marzo de este año, Amnistía Internacional puso de manifiesto que el proceso de restitución de tierras -pieza fundamental de las negociaciones-, sigue plagado de dificultades. Según AI no está garantizada la seguridad de los campesinos que quieren retornar y no se les esta brindando un apoyo socio-económico efectivo.
“La ley sigue siendo limitada frente al fenómeno del despojo y el desplazamiento, y hay un sinnúmero de acciones jurídicas emprendidas por víctimas y campesinos para recuperar sus tierras que están completamente invisibilizados”, según nos explica Alexandra.
Negociación y violencia siguen de la mano
En este escenario de negociación, la violencia no ha cesado. Continúan las amenazas contra los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas. “Hay grupos que siguen siendo estructuras activas, fundamentalmente paramilitares, y que su actuación es de control social y político; no en vano siguen matando a defensores de derechos humanos”, relata Alexandra.
El contexto es más complejo aún con la presencia de otros actores relevantes en la disputa del control territorial y político: las bandas criminales, el rol de las empresas privadas de seguridad, que responden a intereses ligados a los paramilitares, junto con la potente actividad del narcotráfico. Para Alexandra Loaiza, “el escenario de violencia es mucho más amplio que la situación con la guerrilla”.
“Hay que acabar la guerra”
La cuestión de la justicia ha sido uno de los temas más peliagudos de las negociaciones de paz, que se han venido desarrollando en Cuba desde 2012. A lo largo de este periodo, Amnistía Internacional ha sostenido, firmemente, que en las conversaciones se dé prioridad a los derechos humanos de las víctimas del conflicto, incluido su derecho a la justicia.
Para Alexandra no hay dudas, “estamos convencidos que hay que acabar la guerra. Hay que seguir respaldando y mandando mensajes de apoyo para que las partes se mantengan negociando y lleguen al fin del proceso. Por supuesto sin olvidar los derechos humanos que hay que respetar, del reconocimiento de las víctimas, de la reconstrucción de la memoria”.
Amnistía Internacional pide que se lleven a cabo investigaciones penales independientes para garantizar que quienes se acojan a amnistías no están implicados en abusos y violaciones de derechos humanos. Y sostiene que la paz estable requerirá unos mecanismos judiciales efectivos para abordar el déficit de justicia, así como medidas integrales para prevenir futuros delitos y violaciones de derechos humanos.
