Paula y sus tres hijos fueron desahuciados en 2013 de la vivienda social donde estaban viviendo alquilados. La causa no fue el impago, sino la venta de su casa a un fondo de inversión por parte de la institución pública madrileña que concede este servicio social.
Hasta el 12 de julio vivían en una casa de 40 m² y ningún organismo público ampara a la familia de Paula. Todo cambió ayer, cuando la llamaron para decirle que le habían adjudicado una nueva vivienda social. Sin embargo, este “final feliz” para Paula y sus tres hijos fue el resultado de años luchando en condiciones de vida precarias.
«Si no podía pagar la subida de alquiler hasta los 499€, ¡Cómo iba a afrontar la compra de una casa por 180.000€!» Paula (nombre ficticio) se expresa entre la indignación y la impotencia cuando narra toda su historia desde que en 2013 el Instituto de Vivienda Social de Madrid (IVIMA) vendiera su vivienda pública a una empresa privada y, finalmente, fuera desahuciada.
«El precio inicial del alquiler era razonable: 347€ más un cargo de servicios de 83€». Un total de 430 euros que quedó desfasado en cuanto el IVIMA vendió su casa y otras 2.935 viviendas sociales a una empresa de inversión financiada por Goldman Sachs: Encasa Cibeles. La nueva entidad propietaria ofreció dos posibilidades: una subida del alquiler o comprar la casa. «Nadie me explicó el porqué de estos cambios cuando, además, nos habían asegurado que esta empresa quedaba subrogada en todos los derechos y obligaciones«, explica Paula. «Yo no podía pagarlo. Si no llego a tener la suerte de que Servicios Sociales me da dinero para pagar tres meses de alquiler, mis hijos estarían durmiendo en la calle».
El IVIMA (la actual Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid) y la Empresa Municipal del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) vendieron 4.795 viviendas sociales y otras propiedades a sociedades de inversión en 2013, según se relata en el informe ‘Derechos desalojados’, elaborado por Amnistía Internacional, que subraya la falta de acierto por parte de las instituciones públicas. El informe critica que las autoridades públicas no llevaron a cabo una evaluación del impacto (que incluyera una perspectiva de género) ni explicaron cómo y por qué consideraban justificada la venta de viviendas sociales cuando existía una demanda creciente de estas viviendas a consecuencia del aumento de los desahucios.
En el año 2016 realizaron 4.760 desalojos por impago del alquiler la Comunidad de Madrid, según otro informe de Amnistía Internacional, siguiendo la estela de las 24 familias que vivían en el mismo bloque de pisos que Paula. «Todos mis vecinos pasaron por la misma situación que yo. No se quedó nadie: los 24 vecinos se fueron a la calle, incluso el que quería pagar se encontró con que le ponían muchísimas trabas. Luego nos enteramos de que esos pisos ya estaban vendidos. Por eso querían sacarnos», comenta Paula.
De esta forma casi 5.000 familias residiendo en viviendas sociales pasaron de estar bajo el amparo del Estado a ser clientes de una empresa privada. Como criticó Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, la relación de esas familias con el IVIMA no se reducía a una relación arrendaticia, sino que implicaba “una esfera de derechos (posibilidades de reducción de rentas, mecanismos de pago de las deudas de los inquilinos, posibilidad de cambio o permuta de la vivienda, etc.)“, pero tras el cambio de propietario «la sensación fue de impotencia, desprotección, desinformación, y sin saber a quién recurrir«, comenta Paula. «Yo perdí la casa por su culpa, no porque yo quisiera. Me la quitaron. Y no solo me dejaron a mí en la calle, dejaron a mis hijos en la calle».
Paula y sus tres hijos desalojaron la casa con alquiler social para empezar a pagar un alquiler regular en un piso de 40 m² «que no reúne las condiciones de habitabilidad», como indica un informe del Ayuntamiento, en el cual se afirma que «el piso presentaba malas condiciones de habitabilidad en materia de salud e higiene debido a la falta de espacio e iluminación, problemas de ventilación y anteriores plagas de insectos».
«Ahora mismo pago 450 euros por encima de lo que cobro, pero esto nadie lo valora. No se dan cuenta lo que hay detrás, como que muchas noches mis hijos se van a la cama habiendo cenado solo un vaso de leche o que mi hijo mediano tenga mal la salud por tener que dormir en un sofá. Estas no son condiciones para un niño de seis años», se lamenta Paula.
El IVIMA ya dio una vez la espalda a Paula y a su familia cuando, tras vender su casa a Encasa Cibeles, le dijeron que no podían hacer nada por ella alegando que el piso ya no les pertenecía. Más tarde volvió a solicitar una vivienda social tanto a la EMVS como a la Agencia de Vivienda Social pero todavía no le han ofrecido una solución. O sí. Después de informarle que no podría solicitar una nueva vivienda social porque ya había sido adjudicataria de una, el consejo para poder volver a serlo fue el siguiente: no pagar el alquiler y ser desahuciada de nuevo para acceder a una vivienda de emergencia social.
«Luego dicen que hay que proteger a los menores, y son ellos mismos los que están dejándolos desprotegidos. Porque todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna», pero Paula afirma que «hay personas que disfrutan de viviendas sociales que se pueden permitir pagar un alquiler regular y no lo hacen; mientras que hay personas incluso en peor situación que yo. Yo cambiaría esto: vivienda y trabajo. Teniendo esto, ¿qué mas necesitas en la vida?»
Paula aún desconoce el precio del alquiler de su nueva vivienday de la fianza –que por suerte le dejarán pagar en varias veces. Sin embargo, ahora dice que está feliz y espera poder volver a empezar una vida normal en condiciones decentes para ella y sus tres hijos; vivirá por Ensanche Vallecas, en una vivienda de 77 m2 con tres dormitorios.
Texto de Mario Ruiz-Ayúcar
