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Pancarta a favor de la sanidad pública

Sanidad y vivienda en Madrid, preocupaciones fundamentales para Amnistía Internacional

Junto a estas dos grandes materias, la gestión de la pandemia en los centros de mayores es otra de las principales preocupaciones en el último informe anual de la organización en la Comunidad de Madrid

Autor: Diego Castrejón, Comunicación de Amnistía Internacional Madrid

Como cada año se ha publicado el informe global de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En un año especialmente duro para la comunidad internacional, en el apartado destinado a España, resalta la referencia directa a la gestión de la pandemia que las autoridades han realizado en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

En el informe se destaca que, de las 20.000 muertes registradas hasta noviembre de 2020, más de la mitad correspondían a fallecimientos registrados en Madrid y Cataluña.

Especialmente preocupante es la alusión que hace el informe a la situación de vulneración de derechos fundamentales sufridas por los residentes que han permanecido en situación de confinamiento total en sus habitaciones, sin prácticamente tener contacto con el exterior, en una clara limitación de sus derechos. Estas situaciones se suman a la implementación, por parte de las autoridades autonómicas, de unos protocolos que han relegado a nuestros mayores a una situación de discriminación y que ha condicionado el alto número de muertes en este segmento de edad en la Comunidad de Madrid.

Otro aspecto que se ha visto seriamente comprometido a lo largo del año 2020 han sido las condiciones de las personas integrantes de los servicios de salud de la región. Todo este colectivo ha tenido que desempeñar su trabajo en los hospitales y los centros de salud sin apenas equipos de protección, con plantillas insuficientes y con una planificación cuestionable. La comunidad de profesionales de la sanidad madrileña se ha visto expuestos a situaciones límites a lo largo de toda la pandemia.

Vivienda y libertad de expresión

En otro sentido, el derecho a la vivienda sigue siendo un caballo de batalla en la lucha por la defensa de los derechos humanos en la Comunidad de Madrid. A pesar de la legislación especial promulgada por el Gobierno de España, en la Comunidad de Madrid se han seguido programando desahucios que en la inmensa mayoría de los casos afectaban a familias en situaciones de vulnerabilidad. El relator especial de la ONU para la lucha contra la extrema pobreza y los derechos humanos, en su visita a la Comunidad de Madrid, hizo especial incidencia la situación de la Cañada Real y en las condiciones de vida de padecen sus vecinas y vecinos, especialmente dura es la situación de la infancia. Las niñas y niños se han visto obligados sufrir la ola de frío más dura del siglo sin suministro eléctrico, lo que afecta no solo a la salud, sino también a las condiciones de acceso a la educación de unas niñas y niños que sufren de manera agravada la situación derivada del COVID-19.

La libertad de expresión es otro de los derechos analizados en la parte del informe correspondiente a España. La preocupación de Amnistía Internacional queda reflejada en la alusión al dictamen del Tribunal Constitucional que asume como constitucionales los delitos reflejados en la Ley de Seguridad Ciudadana que restringe derechos de protesta legítimos. En esta línea, en la Comunidad de Madrid, se debe poner el foco en la gestión de las autoridades de las protestas sociales suscitadas con el encarcelamiento del cantante Pablo Hasel.

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