Amnistía Internacional Madrid urge a la Comunidad de Madrid, en un documento con medidas sobre salud, refugio, vivienda o violencia de género, a priorizar la atención primaria, distribuir de forma generalizada PCR al personal sanitario y garantizar la atención sanitaria en las residencias de mayores
NOTA DE PRENSA DEL 30 DE JULIO DE 2020
Amnistía Internacional Madrid ha entregado esta semana a la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Asamblea de Madrid un documento con 63 propuestas para avanzar en la salida de la crisis del coronavirus en materia de derechos humanos que la organización considera prioritarias.
En su documento, la organización ha señalado cinco bloques que debe abordar Madrid: derecho a la salud, propuestas sobre asilo, refugio y migración, lucha contra la violencia de género y sexual, acceso a la vivienda y la situación internacional vinculada a sus relaciones internacionales para promover la protección de los derechos humanos y de sus defensores
En materia sanitaria, Amnistía Internacional Madrid hace hincapié, con 20 medidas, en la necesidad de priorizar la asignación de recursos y la inversión en la atención primaria, facilitar de manera generalizada el acceso al personal sanitario de las pruebas de diagnóstico PCR y retomar el nivel de gasto sanitario de 2010.
Así, Amnistía Internacional Madrid demanda que se refuerce la capacidad de asistencia de la atención primaria a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales. Además, es necesario que se garantice la distribución de equipos de protección individual en cantidad y calidad suficiente y adaptados a cada uno de los servicios para que quienes están en primera línea frente a la pandemia puedan hacerlo sin estar expuestos a riesgos excesivos.
A tenor de la importancia de reforzar el cuidado y la seguridad de las residencias de personas mayores por haber sido el mayor foco de transmisión y mortalidad durante la pandemia sufrida en los meses de marzo y abril, Amnistía Internacional Madrid demanda a la Comunidad de Madrid realizar reformas normativas y asegurar recursos que garanticen una atención sanitaria y de cuidados acordes a la dignidad humana y el derecho a la salud.
La organización ha publicado recientemente el análisis “La década perdida” en el que realiza un mapeo por comunidades autónomas sobre cómo ha decrecido la inversión sanitaria en España. En el caso de la Comunidad de Madrid, la organización alerta de que la inversión sanitaria pública pasó de 8.042,266 millones en el año 2009 a 7.415,729 millones en 2018, es decir, una reducción del 7,79%. Además, la inversión en atención primaria se redujo un 11,76% en el mismo periodo.
Otras recomendaciones para la CAM
Amnistía Internacional Madrid también ha incluido en su propuesta a la Comunidad de Madrid la garantía de acceso a la salud a todas las personas sin discriminación a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes en situación administrativa irregular, personas reagrupadas legalmente en España.
De misma forma, la organización internacional considera que el gobierno de la región ha de continuar garantizando unas condiciones de acogida digna que cumplan con los estándares internacionales, entre ellos la Directiva de Acogida de la Unión Europea, que cubra sus necesidades básicas de alojamiento, comida y vestido respaldada por unos servicios sociales integrales y especializados.
En el ámbito de vivienda, la organización considera que el gobierno de la región debe promover urgentemente una ley de vivienda de la Comunidad de Madrid que asegure el respeto y protección del acceso a la vivienda como un derecho, habilitando el procedimiento para su exigibilidad y el reconocimiento expreso de la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al mismo.
Así mismo, Amnistía Internacional Madrid considera igual de urgente que la Comunidad de Madrid continúe combatiendo la violencia de género en todas sus formas, garantizando el acceso a los recursos de emergencia, casas de acogida y otros servicios sin necesidad de denuncia previa ni orden de alejamiento y, en el caso de violencia sexual, la puesta en marcha inmediata del protocolo sanitario de atención a las víctimas que ya ha sido elaborado y que está pendiente de aprobación, con el objetivo de unificar la actuación en toda la Comunidad de Madrid.
Por último, la organización recuerda la situación internacional y la vulneración de derechos humanos, y por ello presenta ejemplos como el de los campamentos de Grecia, donde miles de personas mayores, con enfermedades crónicas, niños, niñas, menores no acompañados, bebés, mujeres embarazadas y personas con discapacidad soportan condiciones de vida inhumanas. Alrededor de 37.000 personas están hacinadas en Lesbos, Chios, Samos, Kos y Leros, en instalaciones con capacidad para poco más de 6.000. Por ello, desde la organización solicita se incrementen los esfuerzos del Gobierno central en coordinación con los gobiernos autonómicos para reubicar a menores migrantes no acompañados de las islas griegas.
