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En la semana en la que se celebra el Año Nuevo Chino, el país asiático continúa intimidando, hostigando y enjuiciando a defensores y defensoras de los derechos humanos y a ONG independientes, irrumpiendo incluso en sus domicilios y oficinas, mientras que, además, vigila, acosa y detiene a sus familiares.

La historia que hoy os contamos, ahora que se celebra el Año Nuevo Chino, tiene un final feliz, pero aún así, es una muestra de cómo el gobierno chino persigue, amenaza, tortura y encarcela a aquellas personas que se atreven a defender los derechos humanos en China. El protagonista se llama Wang Quanzang, un abogado especializado en derechos humanos que ha pasado años defendiendo a víctimas sometidas a expropiación de tierras, maltrato en campos de trabajo y abuso en prisión.

Por su labor de defensa de los derechos humanos de sus conciudadanos fue acusado de subvertir el poder del Estado por implicarse en asuntos considerados delicados por el gobierno chino, como la defensa de la libertad religiosa y de redes de activismo que promovía la transparencia en el gobierno y denunciaba la corrupción.

A causa de su papel en la defensa de estos casos sufrió ataques intimidatorios con frecuencia, hasta que finalmente el 3 de agosto de 2015 fue detenido, junto con otras 250 personas, en una campaña de represión masiva en la que el gobierno chino actuó contra activistas, abogados y abogadas de derechos humanos.

Desde ese momento, su familia no tuvo noticias de Quanzhang hasta pasado tres años. Al cumplirse 1.000 días de la desaparición de su esposo, Li Wenzu emprendió una marcha de 100 kilómetros, desde Pekín hasta Tianjin, con el objetivo de denunciar su desaparición.

Su esposa, Li Wenzu, aseguró que durante mucho tiempo había tenido problemas para encontrar un sitio donde vivir, ya que la policía amenazaba a los propietarios de inmuebles para que no firmaran con ella ningún contrato. Su hijo de seis años, Quanquan, tampoco había podido ir a la escuela porque la policía amenazaba a quienes dirigían el centro

En enero de 2019 fue condenado, y hasta ese mismo año, casi cuatro años después de su detención, la esposa y el hijo de Wang Quanzhang no fueron autorizados a visitarlo hasta junio de 2019. Tras la visita se confirmaron los temores de que hubiera sido sometido a tortura y otros malos tratos en prisión. Su familia, tras visitarlo, le describió como “un hombre totalmente cambiado”.

Gracias al trabajo de muchas personas en todo el mundo y de la presión que ejerció Amnistía Internacional a las autoridades chinas, el 5 de abril de 2020 Wang fue liberado tras pasar cuatro años y medio en prisión.

Doriane Lau, investigadora de Amnistía Internacional sobre China, ha manifestado:

“Hay motivos para temer que la salida de prisión de Wang Quanzhang no sea más que un espejismo de libertad. El gobierno chino tiene un historial de vigilancia y control de defensores y defensoras de los derechos humanos aun después de su salida de prisión.”

“Ya es indignante el hecho de que fuera a prisión pero, ahora que ha cumplido su condena, las autoridades deben levantar de inmediato todas las restricciones que le han impuesto y permitirle regresar a su hogar con su familia”.

China y los derechos humanos

La situación de los derechos humanos en el gigante asiático se caracteriza por la represión sistemática de la disidencia. El sistema de justicia seguía plagado de juicios injustos y casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

China continuó tratando como secreto de Estado toda información referente al uso generalizado de la pena de muerte en el país. Siguieron aplicándose medidas de represión particularmente duras, disfrazadas de lucha “contra el separatismo” o “contra el terrorismo” en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang (Sinkiang) y en las zonas de población tibetana (Tíbet). Las autoridades sometieron a vigilancia invasiva, detención arbitraria y adoctrinamiento obligatorio a la población uigur, kazaja y de otros grupos étnicos predominantemente musulmanes.

Las personas LGBTI sufrían una discriminación y una estigmatización social generalizadas. Al no existir servicios médicos adecuados, se exponían a graves peligros cuando buscaban tratamientos de afirmación de género, que ni estaban regulados ni eran apropiados. Asimismo, eran víctimas de abusos en forma de “terapias de conversión”.

El gobierno continuó intimidando, hostigando y enjuiciando a defensores y defensoras de los derechos humanos y a ONG independientes, irrumpiendo incluso en sus domicilios y oficinas. Además, la policía vigilaba, acosaba y detenía a familiares de defensores y defensoras, y también restringía su libertad de circulación.

Aunque hubo enormes retrocesos para los derechos humanos en el país, China realizó ciertos avances en la protección del medioambiente, al cerrar y acondicionar fábricas contaminantes y aprobar nuevas restricciones para atajar las emisiones. Según datos de Greenpeace Sudeste Asiático, Pekín dejó de encontrarse entre las 100 ciudades más contaminadas del mundo.

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