A pesar de haberse comprometido en octubre de 2020, no hay noticias sobre la evaluación de la gestión sanitaria durante la pandemia por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid
Cuando nos encontramos ante lo que se denomina la quinta ola de la COVID-19, es urgente que se realice una evaluación independiente de la gestión sanitaria durante la pandemia y su impacto sobre el derecho a la salud. Nueve meses después del compromiso de llevarla a cabo, y un año y seis meses después del inicio de la pandemia, no hay noticias sobre una evaluación de las políticas sanitarias aplicadas por el Gobierno central y los gobiernos autonómicos, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, que permita extraer lecciones y pueda ayudar a frenar el colapso al que se enfrenta, una vez más, la Atención Primaria.
El pasado mes de febrero, Amnistía Internacional en su informe La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: el derecho a la salud y la Atención Primaria en España, denunciaba la especial desatención a la que ha estado sometida la Atención Primaria antes y durante la pandemia. Lo que está teniendo graves consecuencias en el acceso al derecho a la salud en España, especialmente para las personas más vulnerables que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, personas inmigrantes, o las mujeres sobre las que recae de manera desproporcionada el impacto de una Atención Primaria desbordada.
“A pesar de todas estas recomendaciones, se sigue sin noticias sobre la evaluación de las medidas adoptadas durante la pandemia. No se han hecho públicas lecciones aprendidas en más de año y medio, y ante la quinta ola de la COVID-19, una vez más no se han tomado medidas adecuadas para que la Atención Primaria evite su colapso”, señaló Beatriz Perales, responsable de campañas de Amnistía Internacional España.
En comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, la Atención Primaria vuelve a estar saturada. Para Concha Herranz, médica de familia en Madrid y portavoz de Atención Primaria Se Mueve “el desborde de la atención primaria no es nuevo, y en estos momentos la presión se debe fundamentalmente a la falta de médicos y de pediatras. Según datos de la Consejería de Sanidad, hay una escasez del 20 por ciento de profesionales de familia y al menos del 16 por ciento de pediatría de forma habitual, y cuando llegan vacaciones o bajas, las cifras son peores”.
“Con esto lo que percibe el paciente es que no puede citarse con su médico o su pediatra hasta pasados muchos días. Esto se debe a que no tienen profesional asignado, y a que no se pueden hacer más huecos para atender a más personas. Según la Consejería de Sanidad, los médicos de familia deberían atender a 30 pacientes diarios y los pediatras a 20 para tener tiempo suficiente y dar una atención de calidad. La realidad de muchos centros es que se superan los 60-70 pacientes diarios por cada turno”, señala Herránz.
La OMS recomienda destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo, en España la inversión en atención primaria se ha visto reducida en un 13% entre 2009 y 2018 y representaba tan solo el 13,9% del gasto sanitario total en 2018.
¿Qué pide Amnistía Internacional?
- El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas deben realizar una evaluación exhaustiva, efectiva, transparente e independiente de la gestión sanitaria central y autonómica que permita extraer lecciones y mejorar las medidas para hacer frente, con prioridad, a la quinta ola de la pandemia y sentar las bases para enfrentar con eficacia futuras epidemiLas Comunidades Autónomas deben reforzar de manera urgente las plantillas de personal sanitario y administrativo de Atención Primaria para hacer frente al aumento del volumen de trabajo durante la pandemia tanto para pacientes Covid 19 como para otras patologías, garantizando el derecho al acceso a la salud.
- Las Comunidades Autónomas deben incrementar de manera progresiva la inversión asignada a la Atención Primaria hasta alcanzar el 25% del total de su gasto sanitario público a la atención primaria.
