La Violencia Sexual está en todas partes, pero parece que no la queremos ver 

Texto escrito por Elena Gómez, coordinadora del equipo de Campañas de Amnistía Internacional Madrid 

La mujeres tenemos que vivir cada día aguantando todo tipo de agresiones sexuales: cuando escuchamos algún comentario desagradable que algunos quieren vendernos como un piropo, cada vez que nos tocan el culo, cuando tenemos que aguantar las miradas lascivas, los abrazos o besos no deseados… La Violencia Sexual está en todas partes, pero parece que no la queremos ver. 

En los últimos años, cansadas de aguantar, hemos levantado la voz en todas partes del mundo, pero parece que no cala. Y las instituciones no parecen estar de nuestra parte. “De boquilla”, movidos por la agitación social, parece que están comprometidos pero, a la hora de la verdad, no hay políticas adecuadas, no hay recursos suficientes, las promesas se eternizan y no se producen cambios realmente significativos.

LA VIOLENCIA SEXUAL ES INVISIBLE 

No hay casi datos desagregados sobre la prevalencia de la violencia sexual en España, y Madrid no es una excepción. La violencia sexual afecta a 1 de cada 2 mujeres, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o a más de 3.251.000 (13,7%) según la Macro-encuesta sobre Violencia contra las Mujeres de 2015 del Gobierno de España. Sólo un 20% de las mujeres que han sufrido algún tipo de Violencia Sexual en España han denunciado.

Por este motivo es mucho más preocupante lo que nos muestra las pocas cifras oficiales que nos encontramos: de acuerdo con las memorias de los últimos años de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, los delitos contra la libertad sexual en nuestra Comunidad crecen anualmente:

La propia fiscalía en sus informes llega a recomendar «realizar un sereno análisis del porqué del incremento continuo de estas figuras delictivas, y desarrollar políticas de prevención más eficaces«. Sin embargo, estos análisis siguen sin llegar…

No hay políticas públicas, ni recursos adecuados ni suficientes

Tampoco contamos con unas políticas públicas encaminadas a impedir la comisión de estos delitos. Nuestra ley autonómica contra la Violencia de Género (Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid) entiende que toda forma de violencia sexual es una forma de violencia de género y, por tanto, en teoría, las medidas existentes para víctimas de violencia de género deberían poder aplicarse a víctimas de violencia sexual. Pero la práctica es muy diferente.

En la estrategia madrileña de lucha contra la violencia de género 2016-2021 hay muy pocas medidas específicas dirigidas a combatir específicamente la violencia sexual. Y los recursos con los que contamos en nuestra comunidad son muy limitados.

En Madrid (municipio) tenemos un poco de suerte, ya que contamos con un centro especializado, el CIMASCAM (Centro de atención Integral a Mujeres víctimas de Agresiones Sexuales de la Comunidad de Madrid). Sin embargo, este centro no es conocido ni siquiera por las profesionales que atienden a las víctimas. Además, es el único centro especializado en toda la Comunidad de Madrid y cuenta sólo con 14 profesionales.

Parece que a finales de año se abrirá finalmente el Centro de Crisis para supervivientes de violencia sexual, pero sólo para el Municipio de Madrid. Todavía seguimos sin tener líneas telefónicas de emergencia y asistencia que presten servicio 24 horas, tal y como exige el Convenio de Estambul. 

Además, existen otros recursos no especializados como las Oficinas de atención a víctimas de delito o los Servicios de Orientación Jurídica, que tampoco son conocidos, lo que hace que las víctimas supervivientes tengan que pasar por un auténtico periplo para conseguir la atención especializada e integral a la que tienen derecho.

Pero si la falta de políticas públicas, de recursos, de coordinación entre instituciones nos parece poco, en Madrid además nos tenemos que enfrentar al Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (que sólo se aplica en el municipio de Madrid, lo que ocurre fuera de Madrid es una auténtica lotería ya que no hay protocolos unificados y cada municipio puede hacer lo que quiera). Este protocolo, entre otras cosas, obliga a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, si quieren que se asegure la custodia de las pruebas, a que antes de ir al hospital interpongan denuncia y después tienen que dirigirse al centro hospitalario de referencia, La Paz, para la toma de dichas pruebas. La Comunidad de Madrid lleva dos años trabajando en la modificación de este protocolo, pero a día de hoy seguimos todavía con lo mismo y no sabemos cuándo va a cambiar.

Martirio público para las víctimas de violencia sexual

Y por si fuera poco, cuando somos víctimas de violencia sexual, nos encontramos con profesionales no especializados, que no nos creen, nos revictimizan y llegan incluso a culparnos por haber sido víctimas de violencia sexual. Y éste fue sin duda el caso de Blanca que, tras superar la vergüenza tras la agresión sexual y respirar hondo, decidió denunciarlo pero no encontró el apoyo que se mereció, se sintió cuestionada, como si estuviese mintiendo o si tuviese la culpa de lo que le había pasado. Sintió que la policía no le creía, que había hecho algo malo, y nadie le recomendó qué hacer para seguir adelante.

El periplo que vivió Blanca después de que la agredieran sexualmente no es una excepción. Son muchas las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que han vivido situaciones parecidas. ¡Es hora que esto acabe!

Queremos una sociedad en la que todas las mujeres se sientan protegidas y apoyadas ante la violencia sexual y ahora tenemos el poder de cambiarlo: suma tu firma al manifiesto #NoConsiento y exige que ni una mujer más tenga que pasar por el calvario por el que pasó Blanca.