Los Reyes Magos no pasaron por la Cañada Real

Desde Amnistía Internacional nos hemos dirigido al Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana para mostrarle nuestra preocupación sobre la situación que están viviendo las familias de la Cañada Real Galiana y recordarle sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Hemos recordado que en marzo de 2011 la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Cañada Real, que establecía que las administraciones competentes llevarían a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de estos terrenos, garantizando en todo el proceso la participación de las personas afectadas.

Así mismo, el 17 de mayo de 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, por parte de la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid y por los Grupos Políticos con representación en la Asamblea de Madrid. Mediante este pacto se comprometieron, entre otras cuestiones, a elaborar una estrategia para el realojo de la población que no pudiese continuar en sus viviendas y a adoptar medidas provisionales para dignificar las condiciones de vida de los habitantes de la Cañada Real Galiana, entre las que se encontraban la adecuación de viales, establecer una red de abastecimiento de agua y garantizar a las personas que residen en la allí un adecuado suministro de energía eléctrica. Adicionalmente, se suscribió un convenio de colaboración para el realojo e inclusión social de 150 familias que viven en el Sector 6 de la Cañada Real.

Y es que desde desde Amnistía Internacional, ya en el año 2012, denunciamos que el Ayuntamiento de Madrid impulsaba procedimientos de desalojos y derribos contraviniendo las garantías exigidas internacionalmente, más aún cuando se encontraba en ese momento en curso un proceso en el que se debía garantizar la participación de las personas residentes y valorar otras alternativas a los derribos.

Aunque haya sido la celebración de los Reyes Magos, no sería un regalo sino una obligación de las instituciones asegurar la efectividad del derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, entre otros, el acceso a una vivienda digna y adecuada con disponibilidad de los servicios esenciales básicos como son el agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, conservación de alimentos, eliminación de residuos o carga de dispositivos electrónicos para la educación.

Además, ante la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, es vital que los derechos humanos se coloquen en el centro de todos los esfuerzos de prevención, preparación, contención y tratamiento a fin de proteger mejor la salud pública y apoyar a los grupos y las personas que están en mayor riesgo, como son las personas mayores o con discapacidad, niños y niñas o personas con enfermedades previas. 

Más de 90 días sin luz, y la última petición de varios relatores especiales  de de Naciones Unidas al Gobierno de España donde criticaron a las autoridades que culparon de los cortes de electricidad a las plantaciones ilegales de marihuana, y dieron a entender que las personas residentes en el asentamiento informal son delincuentes. «Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza», dijeron los expertos.

Por todo ello, Amnistía Internacional vuelve a exigir a las autoridad autonómica el refuerzo de medidas de protección social y económicas dirigidas a asegurar que quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad puedan seguir manteniendo un mínimo nivel esencial de todos los derechos, incluidos el derecho a la vivienda, la educación, a la salud, y a la alimentación.

Por último,  tras  la información recibida por el propio Comisionado de la Cañada Real sobre las insuficientes actuaciones llevadas a cabo, reiteramos que desde su Consejería debe cumplir con sus obligaciones en materia del derecho a una vivienda adecuada, a la educación y a la salud y  asegurar que la personas que residen en la Cañada Real Galiana tienen acceso a todos servicios esenciales básicos, tales como un adecuado suministro eléctrico, para que puedan hacer efectivos esos derechos.