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Siete medidas legales para que las personas mayores no sean abandonadas a su suerte nunca más en las residencias

Amnistía Internacional Madrid entrega en la Asamblea de Madrid una agenda con más de 30 peticiones en materia de derechos humanos para esta legislatura

Nota de prensa enviada el 15 de junio de 2021

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Amnistía Internacional Madrid ha entregado en la Asamblea de Madrid una ‘llave’ que abra definitivamente la puerta a los derechos humanos en la Comunidad de Madrid, con  medidas legales específicas sobre personas mayores y residencias.

La agenda entregada, con más de 30 peticiones en materia de salud,  violencia de género, educación o vivienda, contiene además, siete medidas legales que deben adoptarse ya para que las autoridades y órganos competentes a nivel autonómico y estatal impulsen cambios reales que mejoren la vida de las personas mayores en residencias. Estas son: 

1. Garantizar el contacto regular entre residentes y familias, en línea con los acuerdos del consejo Interterritorial de diciembre de 2020.

2. Asegurar que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible y que las instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria en el futuro.

3. Desarrollar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos. Estos datos deben ser utilizados para desarrollar las políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud. Los datos han de ser homogéneos y estandarizados.

4. Disponer de un sistema de inspecciones de residencias que incluya:

  • Transparencia: publicación periódica de datos sobre el número de visitas y los resultados de las mismas.
  • Visitas regulares a los centros residenciales sin aviso previo, y contando con indicadores de inspección que aseguren una vigilancia eficaz del cumplimiento de los requisitos normativos, con especial atención a las condiciones y conductas que pueden afectar a los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas residentes.
  • Sistema de denuncias que garantice anonimato, y recursos adecuados para el seguimiento efectivo de las mismas que aseguren la adopción de medidas de corrección sin demora

5. Tener criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas residentes y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos, utilización de los EPIs, entre otras, especialmente al personal de cuidados directos.

6. Incrementar los recursos, y asegurar su suficiencia teniendo en cuenta una evaluación real de las necesidades de la población y su previsión de evolución.

7. Involucrar a las personas mayores en decisiones que les afectan relacionadas con el modelo residencial y hacer partícipe a la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan.

“Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos. Los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha detectado siete carencias en la gestión de las residencias hasta ahora y que han provocado el abandono de las personas mayores, como son el régimen de visitas incumplido, la negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias, ausencia en la recogida de datos, el régimen de inspecciones insuficiente, ratios de personal insuficientes, falta de inversión en residencias y la falta participación de las y los propios residentes y sus familias.

Agenda de derechos humanos para la Comunidad de Madrid 

Además, Amnistía Internacional Madrid urge a que se trabaje rápidamente para promover la eliminación en los próximos dos años de legislatura,  de las vulneraciones de derechos humanos que se dan en la Comunidad de Madrid. 

Por ello , la organización ha entregado hoy en la Asamblea de Madrid, una Agenda de DDHH para la próxima legislatura en la que incluye hasta 38 demandas  centradas en  salud, vivienda, violencias de género -incluida la violencia sexual-, personas refugiadas y migrantes, educación y prevención del acoso escolar, o sustracción de bebes robados.

Destaca la petición del incrememento en gasto sanitario, en especial de la atención primaria  y la garantía de acceso a la salud a todas las personas sin discriminación, incluyendo  a las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes en situación administrativa irregular, y personas reagrupadas legalmente en España.

En el ámbito de residencias, además de las propuestas legales  para autoridades  recuerda la necesidad de que se pongan  en marcha investigaciones independientes que evalúen el grado en que las Comunidades Autónomas y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia, y pongan en marcha mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro. En ese sentido Amnistía Internacional Madrid incluye entre sus peticiones la continuidad del trabajo realizado en la Comisión de Investigación de Residencias en la pasada legislatura. 

En el ámbito de vivienda, la organización considera que el gobierno de la región debe promover urgentemente una ley de vivienda de la Comunidad de Madrid que asegure el respeto y protección del acceso a la vivienda como un derecho, habilitando el procedimiento para su exigibilidad y el reconocimiento expreso de la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al mismo.

Así mismo, Amnistía Internacional Madrid considera igual de urgente  se continúe combatiendo la violencia de género en todas sus formas, garantizando el acceso a los recursos de emergencia, casas de acogida y otros servicios sin necesidad de denuncia previa ni orden de alejamiento y, en el caso de violencia sexual, la puesta en marcha inmediata del protocolo sanitario de atención a las víctimas que ya ha sido elaborado y que está pendiente de aprobación, con el objetivo de unificar la actuación en toda la Comunidad de Madrid.

Por último, en materia internacional Amnistía Internacional solicita la promoción de la universalidad de la vacuna contra el COVID-19 y el apoyo a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. 

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