Identificaciones masivas en manifestaciones pacíficas, multas por supuestas faltas de respecto a la autoridad o por grabar sus intervenciones en la vía pública, artistas, periodistas y personas usuarias de redes sociales condenadas a penas de cárcel.
Texto de: Javier Cervera (@jafocervera) y Mario Ruiz-Ayúcar (@peskarad), Equipo de Comunicación de Amnistía Internacional Madrid
¿Hay libertad para expresarse en España?
En España se está atacando la libertad de expresión. Desde la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como «Ley Mordaza») que sanciona administrativamente (multas) conductas como, por ejemplo, faltar el respeto a la autoridad o o por grabar sus intervenciones en la vía pública hasta el Código Penal (reformado en 2015) que condena a prisión por expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país. Las autoridades han indicado a toda la sociedad que no se van a tolerar ciertas formas de discrepancia, así como el cuestionamiento y las perspectivas alternativas; en realidad, que pueden ser interpretadas como actos delictivos.
Por una parte la Ley Mordaza se está utilizando contra el activismo social y ocasiona la desmovilización ciudadana obstaculizando el derecho a expresar reivindicaciones, por ejemplo manifestándose o concentrándose de manera pacífica.
La Ley mordaza constituye un ataque contra los derechos de la ciudadanía, así como un intento de formalizar prácticas abusivas contra personas migrantes y refugiadas como son las «devoluciones en caliente».
Un incremento de abusos policiales debido, en muchos casos, a la discrecionalidad de los agentes en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana.
Los tres años desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) han confirmado:
- más discrecionalidad para la policía
- menos garantías para que la ciudadanía defienda sus derechos
- un ataque a las libertades de expresión, reunión pacífica e información
- más devoluciones en caliente
Se necesita urgentemente modificar una ley que vulnera derechos humanos.
Código Penal
Por otra parte, el artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”, es otro de los pilares sobre las que se está reduciendo en España la libertad de expresión. Casi 70 personas han sido condenadas en base a este artículo en los último dos años, mientras que por el mismo solo 23 personas lo fueron en tres años entre 2011 y 2013 (1, 15 y 7, respectivamente).
Aunque esta disposición se introdujo en 2000, hasta hace unos años —Tras su reforma de 2015 a raíz de los atentados a
de 2015 de Charlie Hebdo— no han aumentado drásticamente los procesamientos y las sentencias condenatorias derivados de su aplicación. El resultado es una autocensura cada vez mayor y, en general, un efecto inhibitorio en la libertad de expresión en España. El artículo 578:
- Castiga a toda persona que cometa un acto público que enaltezca o justifique un delito de terrorismo, y a quienes cometan un delito de terrorismo o cualquier acto que desacredite, menosprecie o humille a las víctimas del terrorismo o a sus familiares.
- Las penas pueden ser de entre uno y tres años de prisión, una multa y varios años de inhabilitación preceptiva para empleos o cargos públicos (que conlleva la prohibición de ejercer determinadas profesiones, ocupar cargos públicos, obtener becas públicas y más).
- Cuando se empleen Internet u otros medios electrónicos, este uso es punible con una pena del tramo superior de las penas previstas.
Ejemplos:
Nyto, miembro del grupo de rap La Insurgencia: el fiscal los acusó de “enaltecimiento del terrorismo” por las letras de sus canciones, como el siguiente verso de la canción “Rimas subversivas”, de Nyto: “Hay que luchar decididos, sólo nos va a salvar la línea ideológica del Partido Comunista Reconstituido”.
“Ni bajo tierra me callarán, no puede encarcelarse el arte”. Nyto Rukeli. La Insurgencia
Boro, periodista, escribió en su Facebook: “La lucha es el único camino”. En una comparecencia ante la Audiencia Nacional en mayo de 2016, la fiscalía preguntó a Boro si sabía que esta frase había sido empleada por ETA. Según Boro, eso no tiene sentido, pues “mucha gente usa esa frase en el País Vasco, no es sólo una frase que ha usado ETA”. El 19 de enero de 2018, Boro fue declarado culpable y condenado a un año y seis meses de prisión.
Amnistía Internacional exige:
Derogar el artículo 578 del Código Penal y garantizar que ninguna de sus disposiciones viola las obligaciones contraídas por España en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.
Firma e impulsa la movilización contra la Ley Mordaza. ¡Defiende tus derechos ejerciéndolos!
