5 claves para entender por qué la crisis de vivienda no ha terminado

¿Por qué? ¿A qué se debe que afecte especialmente a las mujeres, en concreto a las víctimas de violencia de género y a quienes encabezan hogares monoparentales?

“Nos sentimos que han vendido nuestros derechos. Nos sentimos desamparados y vulnerados. Arantxa Mejías, víctima y presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, puso el rostro humano en la presentación del informe “La crisis de la vivienda no ha terminado”. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España, el 4 de mayo, en la sede de Amnistía Internacional (AI), junto con la presidenta de la sección española de AI, Eva Suárez-Llanos, y el investigador principal del documento, Koldo Casla.

Os contamos 5 claves para entender por qué el derecho a la vivienda se sigue vulnerando en España:

1. La violación del derecho a la vivienda como consecuencia de los desahucios (impago alquiler) afecta a cientos de miles de personas en España

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben proteger a las personas afectadas por la venta de viviendas sociales a fondos de inversión, vista la magnitud de la situación: en 2016 tuvieron lugar 34.193 desahucios y desde 2013 144.055.

Además, a pesar de que Naciones Unidas ha exigido a España recopilar datos desagregados, las estadísticas no distinguen ni siquiera entre desalojos de viviendas o de locales comerciales. Tampoco existe una cifra sobre el número de personas que han perdido sus hogares, ni por lo tanto cuántas de ellas son mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad. “Así no podemos saber cuántas personas sufren desahucios”, matiza Casla. Concretamente, en el informe se focaliza con especial atención sobre el colectivo de las víctimas de violencia de género porque, según denuncia Suárez-Llanos: “hay un problema de estadísticas: las mujeres no están visibles”.

2. La aplicación de la Ley contra la violencia de género de 2004 que califica a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo preferente en el acceso a la vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres en Madrid.

“La promesa no vale ni el papel en el que está escrita”, afirma con convicción Casla. Aunque en teoría por ley deberían ser un colectivo prioritario para acceder a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Esto, en la práctica, supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda; incluso, continúa Casla: “una persona que cumpla con los requisitos objetivos, no por ello tiene acceso a la vivienda protegida”.

3. En un contexto de creciente demanda de vivienda social, las autoridades autonómicas y locales de Madrid vendieron 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión, haciendo oídos sordos a las necesidades de los inquilinos y inquilinas.

Arantxa Mejía, la joven presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, informó con entereza de que la va a costar contener las lágrimas; aunque no derramará ni una sola mientras describe la dramática situación a la que se ha visto abocada su familia, y también la mayoría de sus vecinos y vecinas: forman parte de los habitantes de las 4.800 viviendas sociales y otras propiedades que entre 2011 y 2013 se vendieron en la Comunidad de Madrid. La explicación que se ha dado desde las instituciones señala una necesidad de “sanear” las cuentas públicas. Esa decisión de venta, según expone Mejía, ha hipotecado sus vidas. “Habría que investigar qué cuentas se han saneado, porque el “precio” a pagar ha sido muy caro. Cuando la crisis entra de lleno y venden tu hogar, te obligan a ser nómada”, sentencia Mejía. Al pasar a ser arrendatarias de un fondo de inversión, las familias en muchos casos se ven obligadas a pagar alquileres más altos, que quizá no se puedan permitir. Las condiciones se alteran, a pesar de que sobre el papel se hubo especificado que no.

Otro rostro víctima –en este caso pixelado– de la pérdida de su vivienda proyecta su experiencia. Es el testimonio de Paula, quien residía en una vivienda social con sus tres hijos hasta que la Comunidad de Madrid la vendió a un fondo de inversión sin contar con ella. Cuando pidió ayuda, las autoridades se desentendieron porque la vivienda había dejado de ser pública. Finalmente, acabó perdiéndola.

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“Sientes el miedo por ver que gente que tiene tanto poder puede arruinarte la vida todavía más (…) Juegan con el factor miedo y con que ellos son los poderosos”, señala Mejía. mientras recuerda su historia personal: “Vi la cara de pavor de mi madre [cuando les llegó el burofax en el que les daban 30 días para abandonar su vivienda]: ¿Qué hemos hecho [de malo]?”. Así, atrapadas en la vulnerabilidad: “Las personas no saben qué va a pasar con ellas de aquí a un mes”, finaliza Mejía.

4. Ante esta crisis del derecho a la vivienda, el Gobierno no ha adoptado medidas orientadas a proteger más a las personas. Al contrario, las medidas que ha adoptado contribuyen a su desprotección y desamparo.

A pesar de la crudeza de la situación de miles de familias, las autoridades, no solo no han dado la respuesta adecuada para la protección del derecho a la vivienda, sino que han dado pasos hacia atrás liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, se parte de la base de que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social (2%) más bajos de la Unión Europea, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia.

Para consignar con hechos la flagrante realidad, en este informe se recogen los testimonios de víctimas dobles (violencia de género y negación del derecho a una vivienda que puedan pagar) tan sobrecogedores como el de Vanessa, vecina de la Comunidad de Madrid, de 34 años y con dos hijas, víctima de violencia de género por parte de su expareja. Actualmente reside en el inmueble ocupado “La Dignidad”, aunque afirma que:“alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”, al tiempo que asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social.

5. El derecho a la vivienda debe ser una realidad y no una promesa incumplida en España. Para eso, Amnistía Internacional pide:

• Al gobierno español, que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad. Asimismo, debe presentar ante el Parlamento español un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.

• A las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.

¡Actúa!

Suárez-Llanos puso en palabras una verdad tan lógica como demoledora por su falta de aplicación: “nadie debería ser desalojado si no cuenta con una vivienda alternativa”. Para contribuir con que esta situación no se repita, participa en la campaña de Amnistía Internacional El derecho a la vivienda #NoSeVende https://www.es.amnesty.org/hogaresenventa/

Texto: Beatriz Alonso

Fuentes: Amnistía Internacional