Los derechos humanos a la dignidad personal, la salud y la prevención de riesgos laborales, deberían haber sido guías orientadoras de todas las decisiones políticas en respuesta a la pandemia del coronavirus. Tanto de las autoridades autonómicas como municipales, como única manera de salvaguardar los derechos humanos fundamentales de la población trabajadora o afectada por el Covid-19
Autor: Jaime López-Yarto, Equipo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de Amnistía Internacional Madrid
Hemos sido testigos de un mareante y poco edificante “baile de números” por parte de las autoridades madrileñas. A pesar de ello, en esta publicación analizamos con datos contrastados el impacto de sus decisiones en los derechos humanos.
En general, en las situaciones críticas, la dignidad e integridad de las personas vulnerables se ven seriamente comprometidas, salvo que las decisiones de la autoridad contribuyan a priorizar su salvaguarda. De lo contrario, como en este caso, las más gravemente afectadas son personas mayores, con discapacidad, con enfermedades previas o socialmente más vulnerables (pobreza extrema, migrantes sin papeles, personas en prisión, etc.).
En los 710 centros de mayores o de personas con grandes discapacidades de la Comunidad de Madrid viven internadas 44.312 residentes. La mortalidad en estos centros supera el 12%. En momentos en que el pico de la pandemia saturaba las UCIs y las urgencias de los hospitales de Madrid, sus residentes pudieron ser objeto de discriminación en la atención sanitaria al permanecer en los centros, que en la mayoría de los casos no estaban medicalizados.
Asimismo, más de 600 personas mayores han fallecido solas en sus domicilios de Madrid, sin atención alguna. Cuatro personas sin hogar han fallecido en la calle, sin cobijo porque nadie se lo facilitó.
El personal de los hospitales careció de la protección adecuada desde el principio de la pandemia. Y al actuar en la primera línea en la lucha contra el virus, ha sido fuertemente damnificado por ello. A este personal se han unido trabajadoras y trabajadores de los centros de salud, emergencias, atención sociosanitaria, protección civil o fuerzas de seguridad. El resultado ha sido un contagio masivo (más de 10.000 profesionales en hospitales, centros de salud y sociosanitarios), así como 10 fallecimientos hasta el presente.
A fecha de hoy, los datos indican que hemos llegado a la cima en las estadísticas, e incluso que en algunos indicadores empezamos a descender de la montaña. Esto nos puede permitir empezar a analizar las decisiones tomadas y cómo han afectado a las personas más vulnerables, a las contagiadas y a quienes han estado luchando en primera línea contra el Covid-19. Analizar no solo para depurar posibles responsabilidades, sino sobre todo para aprender de las traumáticas experiencias que nos han tocado vivir con vistas al futuro y asegurar, en su caso, justicia y reparación a las víctimas.
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Un comentario en “Los Derechos Humanos como antídoto a la pandemia”
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