El conjunto de medidas tomadas a comienzos de verano por todas las fuerzas políticas de Madrid para hacer frente a la crisis del COVID-19 no recogen ninguna de las peticiones de Amnistía Internacional así como las medidas sociales aprobadas son demasiado vagas para poder implementarse con éxito
Autores: Jesús Calero y Miguel Sancho, miembros de Amnistía Internacional Madrid
El pasado 2 de julio de 2020, se aprobaron los Acuerdos de la Villa, un conjunto de 352 medidas fruto del consenso de todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la gran mayoría de las peticiones de Amnistía Internacional no han sido incluidas y las medidas sociales son demasiado vagas para poder implementarse con éxito.
Para que los derechos humanos sean una prioridad y estén en el centro de las políticas de la lucha contra la pandemia, Amnistía Internacional envió un paquete de 23 medidas dirigidas a los grupos de trabajo de la Mesa Social de los acuerdos. En estas se recogen propuestas relativas a la violencia de género y sexual, las políticas de vivienda o a la acogida de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes. Repasemos el impacto de nuestras demandas en el documento final.
Medidas sin perspectiva de género
Acorde a las peticiones de Amnistía Internacional, los grupos municipales se comprometen a estudiar la situación laboral de las mujeres en Madrid, pero no se plantean estudios específicos sobre la prevalencia de la violencia de género, la violencia sexual o la trata. De hecho, tales términos ni siquiera se plantean en el convenio: en su lugar, se alude simplemente a la violencia o a la violencia “dentro de la familia”.
Solo hay tres medidas específicas que hablen sobre violencia y ninguna hace referencia a los términos violencia de género, violencia sexual y violencia contra la mujer (MS.GT3.005/105, MS.GT3.005/106 y MS.GT3.005/107). Así mismo, no se prevén asignaciones presupuestarias para la protección de las víctimas de violencia de género; el convenio no especifica si se van a movilizar recursos para amparar los derechos de la mujer.
Medidas sociales que excluyen a personas solicitantes de asilo y refugiados
Desde Amnistía Internacional damos la bienvenida a la inclusión de distintas medidas destinadas a la prevención y promoción de la salud que desarrollará Madrid Salud, en el contexto de la pandemia. Tal y como recomendamos a la Mesa Social, es urgente que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, no sean excluidas o discriminadas en el acceso a la prevención, protección de la salud, atención sanitaria, a pruebas y tratamientos.
Sin embargo, los Acuerdos de la Villa no abordan, ni medidas urgentes de emergencia social, ni a medio plazo un plan de acogida e integración de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que hagan realidad su derecho a la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo alojamiento, o el acceso a servicios sociales integrales. Lamentamos también que no hayan sido reconocidos entre los colectivos en situación vulnerable.
Derecho a una vivienda digna: muchas medidas sin objetivo claro
Las medidas recogidas comprenden programas para subvencionar el pago de los alquileres destinadas a las familias más vulnerables, pero sin mencionar el Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios de Madrid propuesto para detectar la condición de las familias en riesgo de ser desahuciadas. Desgraciadamente, creemos que, sin la coordinación de las instituciones, este convenio no puede ser efectivo.
Sin embargo, las medidas de suspensión de los desahucios en la Empresa Municipal de Vivienda Social hasta el 31 de diciembre, solo están destinadas a paliar los efectos tempranos de la COVID-19 y no está previsto ampliar este plazo.
El grado de implementación de los Acuerdos de la Villa dependen de la voluntad del equipo de gobierno, dotándolos de recursos y dándolas coherencia mediante un plan municipal de vivienda.
Amnistía Internacional continuará trabajando para que los derechos humanos sean una prioridad y estar en el centro de las políticas de lucha contra la pandemia, así como el apoyo a los grupos y personas más vulnerables. Sólo así, la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas no se convertirán en una crisis de derechos humanos en la ciudad de Madrid.
