Hemos pasado de meses a años, sin conseguir que las personas que un día tomaron la dura decisión de recoger las pertenencias imprescindibles, echar un último vistazo a su hogar y cerrar la puerta con llave para no volver, se sientan más seguras y puedan disfrutar de una vida digna en nuestros países.
A la crisis de las personas refugiadas se ha añadido la incompetencia, el caos y la nula reacción de la mayoría de los países de la Unión Europea. Lo que hoy vivimos es una crisis de negligencia institucional porque no sólo no se acoge a las personas que están intentando llegar a nuestros países, sino que se invierte en impedir que logren pasar nuestras fronteras.
Hace más de dos años que Europa no pudo seguir obviando la desesperación y angustia de los que huían de la guerra en Siria, junto a los que llegaban a la ruta del Mar Egeo desde Iraq, Yemen, Paquistán, y también desde los países del Magreb y de África Subsahariana. Llegaron, lo consiguieron y en ese momento, mientras la sociedad civil se organizaba para ayudarles a bajar de las lanchas, rescatarles del mar sin apenas contar con medios, para proporcionarles ropa seca y algo caliente que comer; los gobiernos europeos mantenían una actitud de indiferencia e inacción que apenas ha variado a día de hoy.
La presión por la llegada de personas refugiadas cada día a las costas de las islas griegas provocó que la Unión Europea firmase un acuerdo de repatriación con Turquía, un país donde no se respetan los derechos humanos, logrando no tanto reducir el número de llegadas a Lesbos y Kos sino desplazar el riesgo que asumen los seres humanos que ya no pueden vivir en sus países, hacia la ruta del Mediterráneo, mucho más larga y peligrosa.
Empezó a plantearse la necesidad acuciante de poner en práctica la “responsabilidad compartida” a la que todos los países de la Unión Europea debían responder como firmantes de convenios internacionales de defensa de los derechos humanos y protección de las personas que huyen de conflictos, persecución o situaciones adversas en las que su vida corre peligro. En septiembre de 2015 la cláusula de solidaridad pasó de aplicarse a situaciones de ataques y catástrofes, a utilizarse como respuesta a lo que desde las administraciones se llamó la “crisis de los refugiados”. La reubicación “de emergencia” de 120.000 personas refugiadas desde Grecia, Hungría e Italia durante los siguientes dos años, de los cuales 17.337 debían llegar a España.
A cuatro meses para que venza el plazo otorgado por la Comisión Europea para que los países miembros asuman su “responsabilidad compartida” a España han llegado 1.304 personas refugiadas (tardaremos 22 años en alcanzar el compromiso adquirido si se mantiene este ritmo); en Europa se ha reubicado a 18.418 desde Grecia e Italia y 16.163 han sido reasentadas al provenir de Jordania, Líbano y Turquía.
En 2015 y 2016, cuando ACNUR destacaba que el 86% de las personas refugiadas son acogidas por países de ingresos medios o bajos, y en Jordania, Turquía, Paquistán, Líbano e Irán se acogía a 8 millones de personas frente al medio millón aceptado por todos los gobiernos europeos juntos, se comprobó con claridad que la verdadera crisis de personas refugiadas en Europa no se debe al número de personas que han llegado y que seguirán llegando, sino a la desigual respuesta humanitaria de los países y la necesidad de que se aplique un verdadero reparto de responsabilidad política.
Desde Amnistía Internacional en Madrid os invitamos a uniros a nuestra indignación el sábado 17 de junio a la manifestación Basta de excusas. No más barreras. Queremos acoger ¡YA! que comenzará a las 19h en Cibeles y llegará a la Plaza de España.
Texto de Carla Fibla
