Sergio Sánchez y Mamen Sánchez, activistas de PAH Guadalajara: “Esto no es un juicio contra personas, es un juicio contra un derecho”
«Yo espero que no hagan más juicios a las personas que defendemos los derechos. Vamos a dar ejemplo mostrando que politizar una causa individual da fuerza a la sociedad y en este caso a la justicia, que queremos defender nuestros derechos, que no se pueden vulnerar.»
Entrevista a Sergio Sánchez García y Mamen Sánchez, miembros de la PAH (Plataforma Afectados por la Hipoteca) de Guadalajara
Sergio y Mamen, así como seis activistas más de la PAH, se enfrentan el próximo 30 de noviembre 2022 a un juicio por delitos de coacciones, resistencia y desobediencia grave, allanamiento y ocupación de sede jurídica, por haber llevado a cabo una acción pacífica de desobediencia civil el 5 de diciembre de 2017 con el objetivo de frenar un desahucio. Unos días antes del juicio, que tendrá lugar casi cinco años después del suceso, hablamos con ellos de todo el proceso.
El 5 de diciembre de 2017, ocho miembros de la PAH accedieron a la oficina de Caixabank en Cabanillas del Campo con el fin de pedir un escrito para retrasar el juicio de desahucio contra una familia, compuesta por una madre y dos menores, en situación de vulnerabilidad. A la hora del cierre de la oficia, el grupo seguía pacíficamente sentado en el suelo. De acuerdo con la acusación formulada por la Fiscalía, los activistas de la PAH no abandonaron la sucursal a petición de la Guardia Civil y ante esta negativa, la Fiscalía señala que los agentes de la Guardia Civil procedieron a detener a los y las activistas, que permanecían sentados en el suelo. A este respecto, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las detenciones afirmaron en sus declaraciones en fase de instrucción judicial que las y los activistas de la PAH “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta, que fue resistencia pasiva”. Todas las personas detenidas ese día afirmaron haber estado ocho horas en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Guadalajara.
Pese a que los hechos se remontan a diciembre de 2017, el juicio tendrá lugar el 30 de noviembre de 2022. La Fiscalía pide para cada activista de la PAH Guadalajara 10 meses de prisión por un delito de resistencia/desobediencia, y una multa de 600€ por el delito de allanamiento. La acusación particular, ejercida por Caixabank, pide una multa de 600€ por delito de allanamiento y 8 meses de prisión por resistencia/desobediencia, pero añade la pena de prisión de 2 años y medio por delito de coacciones y de multa de 3000€ por un delito de ocupación de su sucursal. La jueza instructora solicitó a la entidad la grabación de las cámaras de la sucursal, que contestó no poder dar traslado de las imágenes por no disponer ya de ellas.
Amnistía Internacional, que estará presente en el juicio como observadora para asegurarse de que se cumplen todas las garantías, se ha entrevistado con dos de los ocho miembros de la PAH que serán juzgados: Sergio Sánchez García y Mamen Sánchez.
Mamen y Sergio, desde aquel día 5 de diciembre de hace ya cinco años, ¿qué momentos os gustaría destacar en el proceso?
M.: Poco después de ese día, miembros de la PAH entraron en otra oficina de Guadalajara, durante el horario de oficina, para reivindicar el caso de la familia afectada y recordar que aunque nos hubieran detenido, seguíamos ahí. A pesar de todo, semanas después se ejecutó el desahucio. El resto de eventos han estado marcados por el proceso judicial. En el 2018 nos llegó la acusación y durante cinco años el proceso judicial ha dado pasos a cuenta gotas. Tengo la sensación de una gestión medida y lo he vivido como un castigo, estoy deseando que llegue el juicio porque lo que se ha hecho es martirizarnos, enviando notificaciones cada cierto tiempo. Incluso, en ese tiempo he estado en búsqueda y captura porque no me llegaban las notificaciones para solicitar la procuradora de oficio.
Han sido cinco años de tortura. En el banco ese día estábamos las ocho personas más activas de la asamblea, así que el motor de la organización estaba tocado. Para cuidarnos, la asamblea de la PAH decidió que no podíamos exponernos, así que tuvimos que dar un paso para atrás en cuanto a las acciones en los bancos, pero estábamos presentes en los desahucios
S.: Han sido cinco años muy duros, yo también lo he vivido como una tortura, pero además, se hace más evidente cómo el sistema judicial alarga estos casos. Normalmente, la instrucción de un caso tiene unos plazos, excepto en casos de causa compleja. Coincidió el COVID, pero han pasado dos años en los que la causa estuvo casi parada, aunque se cuidan de que no prescriba si se paran del todo, pero lo he vivido como un alargamiento innecesario. Durante cinco años estás en ascuas, de repente te llegan una notificación cuando te has olvidado del tema y te revuelven el estómago, por algo muy poco complejo y sin justificación para que se alargue.
¿Cómo ha impactado esta situación a los miembros de la plataforma y a vuestras acciones en favor al derecho a la vivienda?
M.: Nos ha impactado a nosotras y a otras plataformas a nuestro alrededor. Todas las asambleas hemos sido tocadas por la represión y cuando se van sumando casos y más casos, al final, valoras el daño personal y la asamblea decide hacer acciones con menos contundencia y poder, por lo que el impacto de la PAH en la sociedad se ve mermado.
De hecho, cuando te hacen una ley, como es la ley Mordaza, en la que específicamente se pone un artículo para la PAH, es porque el sistema ha detectado que está siendo debilitado por un colectivo. Al final, acciones no violentas se convierten en delito y esos colectivos que tienen estrategias de no violencia pasan a la inactividad por cuidado y por prudencia.
S.: Una de las reformas del Código Penal que introdujo el gobierno del Partido Popular fue el delito de ocupación de espacios públicos y esto afecta a todos los colectivos y activistas. En cierto modo, estas acciones disuasorias te quitan las ganas de hacer cosas, porque si con algo tan básico como ejercer tu derecho de protesta pacífica te piden tres años y medios de cárcel y te meten en un proceso judicial de cinco años, es muy duro.
M.: Así es, cuando tienes una orden de desahucio, pero te están diciendo que van a negociar y que se va a parar, es un derecho pedir que eso te lo pongan por escrito. Pero pedir esto, de repente, se convierte en un delito total.
Entonces, realmente habéis tenido que cambiar vuestros mecanismos de actuación de la PAH…
M.: Sí, antes íbamos 20 personas y ahora vamos 7 y así a la siguiente acción, con personas distintas, para que las consecuencias judiciales no recaigan sobre las mismas personas. Se miran mucho las estrategias y se parte de puntos más escalonados para que el acto más fuerte sea el último recurso. Se piensa en qué recursos nos van dejando y utilizarlos de una forma más estratégica. Por otro lado, está el proceso de empoderamiento individual. Yo tenía varias causas penales y administrativas y llega un momento en el que sufres tanto la represión que te da igual dos o veinticinco. Cuando lo vives en colectivo, esto es posible, pero de forma individual, hay una soledad difícil.
S.: Aunque hayamos tenido que cambiar nuestras estrategias, nosotros seguimos aquí y sin ir más lejos, llevamos un mes de campaña y de lucha, aunque sea de forma distinta a la del 2017, pero seguimos luchando por el derecho a la protesta y a la vivienda, para que no pasen cosas como estas en España.
Y después de todos estos años difíciles de espera ¿Cuáles son vuestras expectativas de cara al juicio?
S.: Que nos absuelvan y que todo este trabajo que hemos hecho de campaña sirva para concienciar y protestar a la gente que no conoce estos temas, que sepan lo que ocurre en este país, ya que esto puede pasarle a cualquiera que quiera defender sus derechos, que entendamos que es posible no ceder ante la represión y continuar con la lucha. Esto es lo que más me gustaría conseguir.
Y me gustaría decir a la población que es importante salir a la calle, que busquen en las redes o en internet el colectivo o la asociación vecinal más cercana o que se organicen, pero que salgan a la calle, ya que es la única manera de luchar por tus derechos y de que no te pisen: uniéndonos tenemos más fuerza. Si nos hubiéramos quedado calladas, no hubiera habido consecuencias, protestar y salir es la única manera de luchar.
M.: Yo espero que no hagan más juicios a las personas que defendemos los derechos. Vamos a dar ejemplo mostrando que politizar una causa individual da fuerza a la sociedad y en este caso a la justicia, que queremos defender nuestros derechos, que no se pueden vulnerar. Nosotras somos capaces de colectivizar su represión. Los derechos que no se ejercen se terminan quitando y no nos damos cuenta. Hay problemas que están dentro de la sociedad y la solución es colectiva.
El día treinta es importante que vengan: sentir el apoyo, ver gente en la puerta, que se haga una muestra de fuerza, porque no queremos que se juzgue a personas por ejercer y reivindicar sus derechos. Así que hacemos un llamamiento para que la gente se una a nosotras el día 30, en Guadalajara, a las 9 de la mañana en la Avenida Mirador del Balconcillo número 19, frente a los juzgados nuevos.
Por último, ¿qué experiencias positivas y negativas querrías destacar y compartir de estos cinco años y a las puertas del juicio?
S.: Hay gente que no está concienciada y que tienen una reacción negativa, que toma de primeras como que has hecho algo mal. Esto no se me quita de la cabeza, es lo más negativo que destacaría. Pero la solidaridad y el orgullo que siento de haber podido colaborar con personas que lo necesitaban y ver a mis compañeras y a toda la gente que nos apoyan, eso ha sido muy positivo. El mismo día que nos detuvieron estuvimos 8 horas en los calabozos y se me hicieron muy duras porque yo era muy joven, pero al salir y ver a más de cien personas que se habían juntado para pedir que nos sacaran fue muy bonito.
M.: Ese miedo del que hablaba Sergio. Yo no he podido comentarlo con mi familia porque sé que me van a juzgar y tener que ocultarme de eso es terrible. Puedo enfrentarme al sistema, pero no a ciertas personas de mi entorno. Sin embargo, esto no es un juicio contra personas, es un juicio contra un derecho. Me molesta tener que justificarme cuando la gente me pregunta “pero ¿qué hiciste? ¿Fuisteis violentos?”. La violencia está en el banco, en la policía, en el sistema. Esto duele, aunque luego lo compartimos, lo resignificamos, pero duele.
Ahora necesito tiempo para que me acompañen, necesito cuidado, que me ayuden, compartir con otros compañeros que han vivido lo mismo. También quiero destacar las muestras de solidaridad que hemos tenido y que han sido muchas.