La Comunidad de Madrid, ha presupuestado en Atención Primaria para este 2022 un 8,83% más que en 2021, pero un 12,12% menos que el gasto real realizado en Atención Primaria en 2020.
Madrid
La Comunidad de Madrid, ha presupuestado en Atención Primaria para este 2022 un 8,83% más que en 2021, pero un 12,12% menos que el gasto real realizado en Atención Primaria en 2020.
A pesar de haberse comprometido en octubre de 2020, no hay noticias sobre la evaluación de la gestión sanitaria durante la pandemia por parte del Gobierno y de la Comunidad de Madrid
Amnistía Internacional publica hoy un informe que denuncia como los derechos a la salud, a la vida, a la vida privada y familiar, a tener una muerte digna y a la no discriminación de las personas mayores se han visto vulnerados en las residencias desde que comenzó en marzo la pandemia del coronavirus
Amnistía ha contactado con 21 centros sanitarios de las zonas más afectadas por el contagio de la comunidad que señalan que ven a entre 45 y 100 pacientes al día, que las listas de espera pueden llegar hasta las dos semanas y que en la mayoría de los centros las vacaciones y las bajas no se cubren
Amnistía Internacional Madrid urge a la Comunidad de Madrid, en un documento con medidas sobre salud, refugio, vivienda o violencia de género, a priorizar la atención primaria, distribuir de forma generalizada PCR al personal sanitario y garantizar la atención sanitaria en las residencias de mayores
Amnistía Internacional publica hoy un informe que pone de relieve la reducción del gasto público en sanidad en toda España. Como consecuencia, el derecho a la salud está en riesgo: las políticas de austeridad han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria. En la región, se ha reducido un 6,70% el gasto sanitario por habitante.
La pandemia del COVID-19 ha aflorado vulneraciones de derechos que anteriormente permanecían ocultas. Desde COGAM (Colectivo LGTBI de la Comunidad de Madrid), hemos atendido en los últimos meses, a mujeres trans y a hombres dedicados al trabajo sexual que han visto cómo sus ingresos desaparecían, sintiendose desamparados al no estar en situación legal en nuestro país o no estar regulada la actividad que realizan, lo que les ha impedido tener prestaciones, marginándoles aún más.
El COVID-19 solo ha sido un añadido a unas circunstancias especialmente difíciles para el colectivo LGTBI solicitante de asilo en Melilla. Los problemas psicológicos previos, asociados al historial de homofobia y transfobia así como a las condiciones de encierro, se han intensificado con las actuales circunstancias.
Los derechos humanos a la dignidad personal, la salud y la prevención de riesgos laborales, deberían haber sido guías orientadoras de todas las decisiones políticas en respuesta a la pandemia del coronavirus. Tanto de las autoridades autonómicas como municipales, como única manera de salvaguardar los derechos humanos fundamentales de la población trabajadora o afectada por el Covid-19
Marisa Fernández, limpiadora en un hospital de la Comunidad de Madrid, nos narra la dureza de su día a día en el hospital, del miedo a ser contagiada pero también la emoción de poder estar ayudando a a las personas más necesitadas
